Muertes en cárceles de Ecuador: “Una masacre latente”

En los últimos días, al menos quince personas privadas de libertad han muerto presumiblemente de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más grandes de Ecuador.

"Aunque la tuberculosis siempre había sido un problema en ese centro carcelario, hasta mediados de octubre de 2025, por esa razón han muerto 600 personas, también con signos de desnutrición. Inicialmente morían unas 30 al mes, pero, entre julio y agosto, la cifra aumentó a 80. Tememos mucho cerrar este año con mil fallecidos", explica a DW Fernando Bastidas, coordinador del Área de Protección del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

En encuentros sobre derechos humanos en Bruselas, Fernando Bastidas hizo hincapié en la diferencia entre muertes por crisis carcelaria y por enfrentamientos violentos. "Uno creería que la crisis carcelaria surgió de las masacres que comenzaron a hacerse públicas en 2021. Pero, en realidad, se debe a una estructura que tiene falencias".

Las 680 muertes violentas bajo custodia del Estado que se registraron entre el 2018 y 2023 incluyeron incineraciones, disparos, mutilaciones, sí. Pero, en general, la crisis se debe a la falta de implementación de política pública, al abuso de la presión preventiva, a las pésimas condiciones de detención y a la falta de institucionalidad", detalla Bastidas, que habla de espacios donde conviven doce personas en un recinto previsto para cuatro.

¿Quién cuenta los muertos?

La falta de institucionalidad la ejemplifica con la falta de datos y de registros. A la cifra de muertes para el año en curso, las organizaciones de derechos humanos habrían llegado a través de filtraciones, y también, indirectamente, por los casos que la Fiscalía ha suspendido por la muerte del acusado.

"Tan pronto se declaró el conflicto interno, en enero de 2024, hubo un incremento abismal de detenciones arbitrarias. La información de la presidencia hablaba de mil detenidos, pero en Fiscalía había solo 195 procesados. ¿Qué pasó con los otros 805? ¿Los soltaron, los desaparecieron o solo era un espectáculo?", cuestiona el abogado del CDH.

En la mira internacional

Mejorar la situación de las cárceles en Ecuador es materia para proyectos de cooperación de la Unión Europea. A mediados de 2022, cuando se contaban ya 400 muertes violentas en planteles penitenciarios, la cooperación europea dedicó 2,5 millones de euros de fondos para este rubro. el proyecto incluía capacitar al personal penitenciario. ¿Se ha avanzado en esto? "No", responde el representante de la CDH.

"Aunque ya en el penúltimo gobierno se emitió un decreto ejecutivo para potenciar las capacidades del sistema de rehabilitación social, la única respuesta concreta fue militarizar las cárceles: entrar, decomisar drogas y armas, hacer demostraciones de fuerza y retirarse. En el actual gobierno, los militares están permanentemente dentro de las prisiones. No obstante, ha habido masacres con presencia militar. Además, no están capacitados para asistir la crisis actual. Falta atención médica, alimentación, agua”, afirma Bastidas.

En su opinión, "la militarización de las cárceles no aporta a la solución. Afirmamos que la crisis de seguridad se originó ahí, con los cabecillas organizados según grupos criminales que controlan las estructuras corruptas. Cuando los militares están en contacto con ellos, se contaminan y al rotar, como es normal, llevan esas estructuras hacia la población”, informa Bastidas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tanto en enero como en noviembre de 2025, señaló que los principales factores de violencia intracarcelaria se vinculan con la existencia de sistemas de autogobierno, insuficiente número de agentes de seguridad y la corrupción de funcionarios que permitirían el ingreso de elementos prohibidos a las prisiones.

Cabe resaltar que los fondos de la cooperación europea, al comienzo de la crisis y en el marco de El PACcTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Organizado), también fueron destinados a generar procedimientos para clasificar a las personas privadas de libertad por su perfil y no por su pertenencia a uno u otro grupo criminal.

Actualmente, en el marco de SERPAZ (Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador) -proyecto europeo con participación de las agencias de cooperación de Alemania, Francia, Italia y España-, con diez millones de euros, se trata de apoyar la reestructuración del sistema penitenciario, reforzando las capacidades para la rehabilitación y reinserción. También las capacidades de gestión de crisis.

Según informa a DW la FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Políticas Públicas) "están hechos ya informes de diagnóstico de la situación de seguridad dinámica y de sanidad, en particular sobre la prevención de contagio de enfermedades infecciosas".

¿Un plan para avanzar?

Con todo, el enfoque de rehabilitación, reinserción y de que la cárcel no es el único castigo posible, al parecer no está en panorama de las autoridades por el momento. "Hay un colapso del seguimiento de la política pública, porque hace falta personal y el poco que hay es corruptible. Parte del problema es haber creado en la opinión pública la idea de que los militares podían solucionar esto. La solución no es tan simplista", apunta Fernando Bastidas.

"Es más", añade, "el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en su revisión de 2024, cuestionaba la militarización de las prisiones sin un plan, pues los militares no tienen especialidad ni competencia para gestionar lo penitenciario. Hay que tener presente que bajo custodia del Estado está muriendo gente -con sentencia o solo en prisión preventiva- por ataques cardíacos, neumonía, desnutrición, pero como son personas privadas de libertad, a nadie le parece prioritario".

Como fuere, desde la CDH se estima valioso el apoyo de la cooperación europea advirtiendo de la necesidad de un plan claro de política pública y de no permitir que se instrumentalice el apoyo para soluciones que no son tales. "Llevamos el caso de cuatro menores desaparecidos en las Malvinas, pero tenemos otros 33 casos de desapariciones forzadas. Eso también es producto de la militarización. Estamos ante una masacre latente", advierte Bastidas.