Celso Gamboa, el único magistrado en ser extraditado por narcotráfico a EE. UU.

La extradición del abogado Celso Gamboa es inédita por donde quiera que se vea.

No solo es el primer nacional en ser entregado por Costa Rica a Estados Unidos, sino que el caso es el primero —y único hasta ahora— que involucra a un magistrado o alto juez (actual o anterior) con un requerimiento por tráfico internacional de drogas.

Una búsqueda de antecedentes similares realizada por Teletica.com arrojó que jamás antes se ha llevado a cabo la extradición al gigante norteamericano de un integrante de una corte suprema por delitos vinculados al narcotráfico.

Valga recordar que, antes de convertirse en sujeto de interés para la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Gamboa fungió como alto juez de la Sala de Casación Penal, entre el 11 de febrero de 2016 y el 10 de abril de 2018.

"Primero, un gran compromiso con el país, la ciudadanía, agradeciendo la confianza que los diputados han depositado en mi persona. Un irrestricto respeto a la Constitución, a la ley de la República. Y ahora colaborar con el gobierno judicial de la manera más transparente posible y ayudar a que la Sara Tercera tenga un buen rumbo, colaborar con una justicia penal más expedita para todos", declaró poco antes de ser juramentado por la Asamblea Legislativa.

El mismo Congreso que lo nombró magistrado se encargó de destituirlo cuando apenas superaba los primeros dos años en el cargo. Su salida del Poder Judicial estuvo marcada por una serie de cuestionamientos por su relación con el empresario Juan Carlos Bolaños y su negocio de importación de cemento desde China.

De ese caso se derivó una incontable cantidad de investigaciones en el Ministerio Público, que poco a poco cayeron, hasta que solo quedó una. Se trata, ni más ni menos, que la que dio pie a su separación de la magistratura. 

Aunque Gamboa fue formalmente acusado por supuestos favorecimientos en favor de ese sujeto, lo cierto es que no será juzgado por esos hechos hasta que se esclarezca su situación jurídica en Estados Unidos, como lo dispuso el 21 de enero pasado el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública al separarlo del debate que enfrentan Bolaños y un primo de este, de apellido Rojas.

Pero antes de convertirse en alto juez, el extraditado tuvo una destacada carrera en el Ministerio Público, así como en el Gobierno de la República, durante las administraciones de Laura Chinchilla (2010-2014) y Luis Guillermo Solís (2014-2018). Los puestos que alcanzó incluyen, entre otros, el de ministro de Seguridad Pública, viceministro de la Presidencia, director de Inteligencia y Seguridad Nacional, además de fiscal adjunto del Ministerio Público en el periodo de Jorge Chavarría (2010-2017).

Justicia salpicada

Aunque el caso de Celso Gamboa destaca por ser el primero en conllevar la extradición de un magistrado por drogas, eso no significa que no hayan ocurrido otros en los que altos jueces estuvieron de alguna forma vinculados con el narco.

Uno de los más destacados, de hecho, también involucra a Costa Rica. Se trata del expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Eladio Aponte.

Él fue destituido del cargo en 2012 en medio de cuestionamientos por su presunto vínculo con el narcotraficante Walid Makled. Poco después, viajó al territorio nacional, donde suscribió una carta en la que confesó haber recibido órdenes y presiones del entonces presidente Hugo Chávez para que condenara sin derecho a tres personas. Posteriormente, voló a Estados Unidos, donde colaboró estrechamente con las autoridades locales.

Sobre el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, recae desde 2020 una acusación de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y conspiración, en relación con recepción de varios millones de dólares en sobornos, a cambio de la manipulación de procesos civiles y penales.

Este ex alto juez, con antecedentes por homicidio, es fugitivo de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Además, en Colombia, tres exmagistrados resultaron en un caso que se conoció mediáticamente como el "Cártel de la Toga". Este salpicó a José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, quienes fueron presidentes de la Corte Suprema de Justicia de ese país; además de los magistrados Gustavo Malo, Camilo Tarquino y Eyder Patiño.

El escándalo de corrupción derivó en condenas —a nivel local, más no en Estados Unidos— contra Bustos, Ricaurte, Malo y Tarquino por el cobro de sobornos a políticos, empresarios y narcotraficantes para frenar, archivar o manipular procesos en su contra. Los hechos tuvieron lugar entre 2013 y 2017, pero las repercusiones del entramado de corrupción siguen brotando todavía en 2026.

Asimismo, las pesquisas alcanzaron al exfiscal Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado a suelo norteamericano, donde se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y promover sobornos internacionales. Por tales hechos, descontó 48 meses de cárcel para luego ser deportado a su país de origen, en 2020.

Otro entramado bastante importante fue el caso "Metástasis", que tuvo lugar entre 2023 y 2024 en Ecuador. Se trata de una operación que destapó una amplia red de crimen organizado y narcotráfico dentro de instituciones, que incluyó a jueces, fiscales, policías y directivos penitenciarios.

En ese escándalo se dio la detención y condena del expresidente del Consejo de la Judicatura (entidad que administra la función judicial), Wilman Terán. Este jurista también fue magistrado de la Corte Nacional de Justicia de su país. Pero ni ese exfuncionario ni ningún otro implicado en el entramado de corrupción ha sido requerido por Estados Unidos.

Se tiene registro, además, de la detención del juez municipal de Tijuana de México, Eduardo Sais, quien ocho años atrás cruzó la frontera norte con 17 kilogramos de cocaína en su vehículo. Por ese hecho, el exjuzgador se declaró culpable de tráfico de drogas y, en tal sentido, recibió tres años de prisión.