Caso UPAD: Acaba revisión de celulares; defensa de Alvarado dice que no hay prueba de delito
Solo en los teléfonos del exmandatario se analizaron más de 91 mil imágenes, videos y audios.
La revisión de los 19 celulares y tabletas decomisados al expresidente Carlos Alvarado (2018-2022) y otros imputados por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ya concluyó.
Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ante consulta de Teletica.com.
En el caso del exmandatario, sus defensores, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, aseguraron a este medio que, tras la revisión de más de 91.000 archivos contenidos en sus teléfonos, no se encontró prueba de delito alguno.
"Después de tantos años, y luego de tan amplia y exhaustiva investigación, no han encontrado prueba alguna de delito. La razón es muy sencilla: no se puede encontrar lo que no existe. Siempre hemos señalado que don Carlos no cometió ningún delito. Lo que ha sucedido con esa revisión reafirma lo que hemos dicho desde el inicio, y es lo que sucede cuando se investiga a quien es inocente", señalaron los representantes legales de Alvarado a Teletica.com.
La diligencia de examen de dispositivos tomó poco menos de dos meses. En ella se estudiaron imágenes, audios y videos.
Entre los celulares y las tabletas revisados estaban tanto los aparatos personales como los respaldos de los asignados por la Casa Presidencial, precisó el Ministerio Público.
Sin embargo, el análisis de evidencia electrónica todavía está en desarrollo para otros 40 dispositivos de almacenamiento masivo (USB), así como los respaldos de 19 computadoras y cuatro discos duros.
El estudio está a cargo de peritos de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los abogados del exgobernante añadieron que ahora la Policía Judicial debe hacer una búsqueda de palabras clave mediante un software forense especializado.
De momento, se desconoce el tipo de prueba que se procuraba recuperar de los aparatos y la Fiscalía indicó que no podía ahondar al respecto en tanto que así se lo prohíbe el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece el secreto de las actuaciones realizadas durante la fase inicial.
Los dispositivos fueron decomisados en los históricos allanamientos efectuados en la Casa Presidencial, así como en las oficinas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), el 28 de febrero de 2020.
