Por Rodolfo González |23 de junio de 2025, 21:04 PM

“La nacionalidad no debe ser óbice para que una persona propicie su impunidad”, dijo alguna vez Celso Gamboa al periódico La Nación, para defender la idea de que los ticos requeridos en otro país pudieran ser extraditados.

Esa posición la defendió no solo como ministro, sino también como magistrado de la Sala Tercera.

Acerca de la prohibición de enviar ticos a otro país para responder a la justicia internacional, Gamboa recalcó a La Nación, hace casi 10 años, que “se remonta a la expulsión que se hace de José Figueres (Ferrer). El legislador no proyectaba las drogas como un flagelo para la Costa Rica del siglo XXI. La idea era proscribir la expulsión por razones estrictamente políticas. La dinámica cambió, ahora Costa Rica se debate en una carnicería producto de las variables más groseras del crimen organizado y hay costarricenses que están cometiendo actos dañosos en Guatemala, México y Estados Unidos".

Gamboa, quien durante años fue una de las figuras más visibles del aparato judicial y de seguridad en Costa Rica, hoy enfrenta una acusación grave que lo coloca en el ojo de la justicia internacional. 

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo señala como sospechoso de tráfico de drogas, caso por el cual el Organismo de Investigación Judicial lo detuvo este lunes por la noche para enfrentar un proceso de extradición. 

La trayectoria de Gamboa en el servicio público comenzó en el ámbito judicial. A mediados de la década de los 90 empezó a laborar como fiscal, tanto fuera del Valle Central como en San José. Con el tiempo fue escalando posiciones hasta que fue ascendido a fiscal adjunto, la mano derecho en aquel entonces de Jorge Chavarría, jefe del Ministerio Público.

Gamboa también tuvo algo cargos en el Poder Ejecutivo. Durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), fue designado viceministro de Seguridad Pública, cargo desde el cual también lideró la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Posteriormente, con el cambio de gobierno en 2014, Gamboa fue nombrado ministro de Seguridad Pública por el entonces presidente Luis Guillermo Solís. 

Un par de años después, dejó ese cargo y fue elegido como magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por la Asamblea Legislativa. Su paso por el Poder Judicial fue breve. Fue separado del cargo en 2018, tras ser vinculado con el escándalo conocido como “Cementazo”, uno de los casos de presunta corrupción más sonados de la historia reciente del país. 

En ese momento, los diputados determinaron que había razones suficientes para sacarlo del cargo, pues sobre él pesaban serias acusaciones de tráfico de influencias.

Tiempo después, su nombre volvió a ser noticia, pero por su vínculo gerencial con un equipo de futbol de la Zona Atlántica del país.