Por Gabriel Pacheco |7 de septiembre de 2025, 15:00 PM

En Costa Rica, muchas familias vuelven a levantar sus hogares en terrenos donde ya ocurrió una tragedia. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advierte que, en muchos casos, hay una percepción peligrosa de que “no volverá a pasar”, aunque el riesgo permanece latente.

“Ya el deslizamiento no se ve y no va a volver a suceder: ese es un sentimiento muy humano, pero no adecuado en un territorio como el nuestro, donde las amenazas están a la orden del día. No solo puede volver a pasar, es que va a pasar”, explicó Lidier Esquivel,  jefe de la Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo de la CNE. 

Con el paso de los años, la memoria del desastre se diluye y surge una idea errónea de estabilidad. La vegetación o cubre las cicatrices del terreno o el paso del tiempo asienta los escombros de una determinada tragedia y, poco a poco, las personas sienten que no hay peligro.

A esa percepción se suman factores como la necesidad de vivienda, la falta de opciones y la ausencia de controles efectivos en los planes reguladores municipales.

Esa combinación provoca que familias regresen a zonas de alto riesgo o que nuevas construcciones se levanten en áreas donde ya hubo una emergencia. Según Esquivel, esa práctica se extiende en varios puntos del país.

“Lo hemos visto en Osa, en San Carlos, en el Volcán Poás y el Volcán Turrialba. Muchas veces, la gente asegura que el volcán ya no va a hacer erupción y a los pocos años vuelve a hacerlo”, dijo. 

El retorno a zonas de riesgo implica repetir el ciclo de la tragedia. La Comisión explica que, cuando se mantienen los servicios básicos como agua o electricidad en un área declarada inhabitable, se incentiva la permanencia o el regreso de habitantes.

Un caso así ocurre en la zona exacta donde hace 23 años ocurrió un deslizamiento que acabó con la vida de siete personas, en el Alto Loaiza de Orosi. 

“El riesgo nunca desapareció. En la parte superior de la montaña todavía hay remanentes que podrían desprenderse. Puede ser el próximo año o dentro de 100, pero el material está ahí”, advirtió Hernán Siles, ingeniero independiente que ha estudiado las emergencias en Orosi.
Además, afirma que la ausencia de medidas concretas —como la demolición de viviendas en peligro, la delimitación de las zonas prohibidas y la inmovilización de terrenos en el Registro Nacional— ha permitido que nuevas casas se construyan incluso a pocos metros de la quebrada.

El 31 de agosto de 2002, la comunidad de Alto Loaiza, en Orosi, fue golpeada por un deslizamiento que dejó siete personas fallecidas y destruyó casas. Los informes técnicos de la época señalaron medidas claras: reubicación de familias, restricción de servicios básicos, uso forestal de los suelos y demolición de viviendas afectadas. Sin embargo, muchas de esas acciones nunca se ejecutaron.

“Desde el 2003 se sabía qué debía hacerse. Se recomendó declarar las viviendas inhabitables, inmovilizar terrenos y cambiar el uso de los suelos. Nada de eso se cumplió. Hoy vemos nuevamente casas en la misma zona de riesgo”, señaló Siles.

Incluso, Lidier Esquivel explicó que poco después del desastre, una fundación de vivienda intentó retomar un proyecto en la base donde se habían depositado los materiales del deslizamiento.  La CNE lo frenó, pero el caso refleja la dificultad de transmitir la idea de que un terreno que ya colapsó puede volver a hacerlo. 

Aunque lo ideal es que el retorno no ocurra, si ya pasó y no hay otra alternativa, la institución tiene el programa “Comunidades pellizcadas”, que busca capacitar a los habitantes para que detecten a tiempo los signos potenciales de una tragedia y puedan ponerse a salvo.

“Hay comunidades que deben pellizcarse, porque no pueden asumir que nada volverá a pasar. Todos vivimos en un territorio vulnerable y debemos estar organizados”, enfatizó Esquivel.

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