Con voto en contra de UCR, Rectores aprueban distribución del FEES 2026

El Consejo Nacional de Rectores (Conare) acordó, el jueves anterior, la distribución de los ¢593.484 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2026.

La decisión fue tomada con el voto en contra del rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, quien en un comunicado separado calificó el pacto de perjudicial para la casa de enseñanza superior que representa.

Valga recordar que el financiamiento de los centros educativos tiene dos componentes, uno en el que cada institución recibe directamente los recursos, y otro en el que se les otorga desde Fondo del Sistema de Educación Superior Pública, los cuales son adicionales y dirigidos al financiamiento de proyectos y programas conjuntos del sistema universitario estatal.

Asimismo, debe recordarse que, en la negociación del plan de gastos del próximo año, se estableció un incremento del 1%, que equivale a ¢5.876 millones.

De estos, ¢455 millones se dedujeron para atender necesidades del Fondo del Sistema (proyectos interuniversitarios, comisiones y programas conjuntos). El monto restante (¢5.421 millones) se acordó repartirlo entre los cinco centros educativos.

Así, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, recibirá ¢1.489 millones del incremento, para un total de ¢296.009 millones.

Para Araya, el aumento correspondiente a su casa de enseñanza el otro año será insuficiente, en el tanto que apenas recibirá un incremento real de ¢1.077 millones, cuando históricamente le ha correspondido uno de ¢2.846 millones. Tal situación deja a la institución sin margen para atender sus necesidades de crecimiento y sostenibilidad, de acuerdo con el académico.

Entretanto, el Consejo de Rectores defendió que esa casa de enseñanza mantiene el mayor porcentaje de asignación dentro del sistema universitario estatal.

De igual forma, defendió que el acuerdo tomado el jueves refleja un avance en la asignación proporcional a universidades con prepuestos históricamente menores.

Según ese órgano, la determinación da continuidad a pactos previamente asumidos en su seno, así como en el marco de negociaciones que se llevaron a cabo con la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.

La idea del reajuste —defendió el Consejo de Rectores— es caminar hacia una mayor justicia y equidad en la distribución de los recursos públicos entre las casas estatales de enseñanza.

En esa línea, el órgano sostuvo que el reacomodo busca que las universidades puedan reforzar temas prioritarios en la democratización del acceso al sistema público de educación superior, mejora en becas y beneficios socioeconómicos, fortalecimiento en el acceso a carreras de alta empleabilidad, así como una mayor inversión en la investigación y la extensión a nivel nacional.

De igual forma, el Consejo de Rectores subrayó que dicha decisión se basa en criterios técnicos definidos por la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).

Señalamientos de minoría

Carlos Araya además cuestionó los análisis que respaldan del acuerdo tomado por el Consejo de Rectores.

En esa línea, recordó que él había solicitado en sesiones anteriores del Consejo de Rectores información que demostrara que ninguna universidad se vería perjudicada con la distribución. Sin embargo, esa información nunca le fue entregada a la Universidad de Costa Rica, ni a su Sindicato de Empleados (Sindeu), que incluso acudió a la Sala Constitucional.

Araya también recordó que el acuerdo CNR-751-2024, en el que se estableció una nueva ruta de distribución del Fondo Especial, también determinó los mecanismos en que se debe distribuir los ingresos futuros.

Por esa razón, el académico considera que debió conformarse una comisión técnica para generar las recomendaciones del caso y que fuera finalmente el Consejo de Rectores el que tomara la decisión conforme a los análisis hechos por el foro.

Ese órgano apuntó, por su parte, que la distribución se sustentó tanto en su competencia constitucional, así como en un “proceso técnico riguroso” respaldado en análisis financieros y de planificación estratégica.

De esta manera, se busca consolidar un sistema de educación superior “más cohesionado, eficiente y sostenible”, insistió el Consejo de Rectores.

"Como costarricense y universitario siempre soñé con un Sistema de Educación Superior Pública articulado que favorezca en mayor medida a la ciudadanía costarricense. No obstante, este accionar fraguado durante los últimos años y consolidado hoy va en la línea de percibir a cada universidad como una unidad independiente", afirmó por su parte Araya.

El rector agregó que, en los últimos 10 años, su universidad ha aportado ¢123.000 millones y, según proyecciones, está previsto que en el próximo quinquenio dejará de recibir más de ¢77.000 millones por ese motivo.

Araya enfatizó en que la Universidad de Costa Rica está anuente a una distribución a lo interno del Consejo de Rectores por medio del Fondo del Sistema, acorde con los requerimientos y las justificaciones de cada casa de enseñanza. No obstante, subrayó que ello no puede poner en riesgo la actividad sustantiva de cada una de las instituciones.

En igual sentido, el rector señaló que su casa de enseñanza, dado su desarrollo académico e histórico, que abarca todas las áreas de conocimiento (algunas de forma exclusiva, como en el caso de la salud), implica una mayor inversión y erogación de recursos para su funcionamiento básico.