¿Debe continuar el rector de la UCR en negociación del FEES tras acusación de Fiscalía?

El 2 de julio pasado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, de un presunto incumplimiento de deberes.

Al académico se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés. Araya, en apariencia, se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, evitó que la moción se aprobara.

Cuando la presión empezaba a subir ante una serie de señalamientos, con pedidos de renuncia e inhibitoria surgidos desde diversos flancos, el rector adujo que se mantendría en su cargo porque no afrontaba ningún proceso formal.

Aquel escenario quedó atrás con la gestión hecha por el Ministerio Público, que ahora aguarda por la programación de una audiencia preliminar en la que se definirá si Araya debe o no afrontar un juicio por un delito funcional.

La pieza acusatoria llega en plena negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que este martes tendrá su quinto episodio, cuando la Comisión de Enlace ponga cara a cara a una delegación del Gobierno de la República con el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en la sede de este último, en Pavas, San José.

¿Debe Araya ser parte de esa discusión? Todo depende de a quién se le pregunte.

Teletica.com consultó a tres de sus antecesores si veían conveniente que el académico siguiera en las negociaciones.

Para Yamileth González (2004-2012), no es pertinente que el rector siga en esa discusión, aunque reconoció que es difícil que eso ocurra, pues la negociación del Fondo Especial demanda la participación de las máximas autoridades de la institución.

"Tal vez sería conveniente que él se apartara, pero es que es complicado, porque, como le digo, puede ser conveniente que se aparte, pero al mismo tiempo esa responsabilidad es del rector en ejercicio y él todavía lo es", explicó González.

Gabriel Macaya (1996-2004) difirió y recordó que existe un mandato constitucional para que sea Araya quien participe en las conversaciones con el Poder Ejecutivo.

"Ahí sería muy grave porque estaría dejando de lado sus deberes institucionales", subrayó Macaya.

Por su parte, Gustavo Gutiérrez (2021-2024) señaló que prefería no referirse sobre el particular.

Este medio procuró un comentario de Henning Jensen (2012-2020) y Fernando Durán (1981-1988), pero no fue posible contactarlos.

​Otras voces

La directora del Consejo Universitario, Patricia Fumero, respaldó que sea Carlos Araya quien participe de las negociaciones.

En esa línea, la académica recordó que, en apego al principio de inocencia y por respeto al debido proceso, lo que procede es esperar a la resolución de la investigación penal que se le ha seguido bajo el expediente 25-000134-1218-PE.

"No siento que en este momento la autoridad del señor rector esté minada con esa acusación. La acusación reitera algunas que se han presentado desde inicio de año y que se han ido solucionando poco a poco", comentó Fumero.

Otro integrante de ese foro, William Méndez, indicó que no iba a referirse al respecto, en el tanto que ya lo había hecho en su momento.

Valga recordar que el 6 de mayo anterior, este representante de los colegios profesionales ante el Consejo Universitario emitió una carta abierta en la que le pidió a Araya renunciar al cargo.

Este medio además procuró una posición del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), José Masís, pero al cierre de esta posición la misma se mantenía en trámite.

​Apresurada y ligera

El mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer la acusación contra Carlos Araya, este emitió un pronunciamiento y señaló la gestión de "equivocada".

Mediante un comunicado, el rector defendió su inocencia, pero rechazó dar mayores detalles sobre lo que planteará durante la audiencia preliminar. El académico sostuvo que él, de forma voluntaria, ya había decidido inhibirse de los asuntos de los que la moción aludida pretendía apartarlo.

"Es importante tomar en cuenta que en este momento lo que existe es una acusación que, como ya ha dicho don Carlos en otras ocasiones, y que me reitero, la consideramos absolutamente apresurada y absolutamente ligera de parte de la Fiscalía", complementó en entrevista con este medio el defensor de Araya, Gerardo Huertas.

"Entonces, en esas circunstancias, pues no vemos razón para que él tenga que separarse de su puesto, por cuando una Fiscalía acusó de una forma tan ligera", agregó.

Pero el abogado fue más allá y recordó que, si el Ministerio Público hubiese considerado que existía algún peligro procesal, hubiera sido el primero en solicitar alguna medida cautelar contra su cliente, como hubiese sido la suspensión del cargo. Eso, sin embargo, no ocurrió.

Huertas enfatizó en que la Fiscalía ignoró el descargo aportado por Araya cuando este se presentó a rendir declaración indagatoria.