¿Es posible una agencia de macroevaluación independiente al MEP?

El doble sombrero del Ministerio de Educación Pública (MEP), como responsable del sistema de enseñanza y ente evaluador, es señalado por el más reciente Estado de la Educación como uno de los “factores decisivos” en la débil respuesta que el país ha tenido ante el apagón que sufrió el sector recientemente.

Para salir de esa crisis es que el informe propone la creación de un sistema nacional de macroevaluación robusto, un mejor diseño de las pruebas nacionales (tras los problemas presentados con las estandarizadas), una mayor transparencia en la interpretación de resultados y el garantizar una devolución efectiva para docentes, directores y padres de familia.

Como parte de su planteamiento, la investigación apunta a la necesidad de una instancia autónoma, independiente de la cartera, que garantice la continuidad, transparencia y calidad técnica de los exámenes.

Frente a esa recomendación es que Teletica.com consultó a los 20 candidatos presidenciales si, en caso de alcanzar el poder, promoverán la creación de una instancia como la promovida por el Estado de la Educación.

Al respecto, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que coincide en que la Dirección de Gestión y Evaluación de la Educación de la Calidad del Ministerio de Educación no ha logrado cumplir con sus funciones de la manera deseada.

Desde su perspectiva, esa instancia debe dividirse y, la parte de la evaluación, debe contar con “cierto grado de independencia” respecto a la institución.

Para Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA), es pertinente que exista una revisión externa, para contar con un criterio neutral y fiscalizador del sistema educativo.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), considera que debe seguir un órgano autónomo que sea un ente absolutamente técnico, que garantice la calidad de la educación y que rinda cuentas claras hacia el país.

En cambio, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se pronunció a favor de la creación de un ente “con cierta independencia”, para acabar con “la degradación e inestabilidad del sistema de macroevaluación vivido en los últimos siete años”.

Sin embargo, el consultor de políticas públicas cree que debe analizarse con detenimiento la propuesta que finalmente se vaya a plasmar el proyecto de ley, con el objetivo de estudiar, por ejemplo, el grado de independencia que se propone, su conformación, su ubicación dentro o fuera del Ministerio de Educación, su presupuesto, capacidad técnica y otros elementos.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), considera necesaria la agencia en cuestión y que esta haga la debida rendición de cuentas. En su criterio, una oficina de ese tipo permitiría monitorear el desempeño de centros educativos, docentes y programas,  de forma técnica y objetiva.

"Nos pareció interesante y creo que la deberíamos estudiar. Sin embargo, nosotros, a sabiendas de las necesidades de evaluación, ya nos estábamos planteando la necesidad de que en los primeros 100 días articuláramos de una forma integral, con buena orientación estratégica ante el Consejo de Educación Superior, una propuesta para la macroevaluación nacional que, en los primeros 100 días, la vamos a tratar de implementar como una estrategia de evaluación integral. Pero perfectamente, a futuro, se puede analizar esa propuesta del Estado de la Educación, de una agencia de macroevaluación independiente", mencionó a su vez Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional (PEN). 

José Aguilar, del Partido Avanza (PA), opina que, si bien es crucial una política seria de evaluación y que en ese contexto coincide con la idea de un órgano externo, este no se puede convertir en una “nueva entidad burocrática” que consuma recursos públicos.

En esa línea, el psicólogo de profesión no descarta que esas evaluaciones se lleven a cabo mediante alianzas público-privadas.

Para Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN), es evidente la necesidad de una suerte de auditoría externa para saber cuáles son los problemas que enfrenta el sector, así como la política con la que se debe responder a estos.

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), considera “muy conveniente fortalecer la cultura de evaluación”, tanto en la enseñanza como en otros ámbitos. Sin embargo, hizo ver que, antes que revisar los resultados, deben analizarse primero los procesos como tal.

Del otro lado se sitúa Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG).

"No considero crear una nueva agencia independiente del Ministerio de Educación, porque me parece que ello podría duplicar estructuras, dispersar recursos que hoy son escasos. Lo que sí necesitamos es fortalecer las capacidades técnicas del departamento de Evaluación, que creo que está en crisis, con estándares claros, rendición de cuentas y, ahí sí, apoyo de otras entidades. El problema no es la falta de instituciones, sino muchas veces de efectividad y coordinación", enfatizó el abogado constitucionalista.

Su colega, Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), considera que la creación de esa instancia autónoma es “indispensable” para la mejora del sistema.

La exmagistrada incluso le tiene nombre: la Agencia Costarricense para la Evaluación de la Calidad Educativa (ACECE). Además de independencia funcional y presupuestaria, este órgano que plantea adscrito a la cartera estará dirigido a la evaluación, por lo que o diseñará ni ejecutará políticas.

Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), cree que debe haber una instancia independiente conformada por especialistas del sector. No obstante, apuntó que, para él, la evaluación debe ser con fines diagnósticos y formativos, no diagnósticos.

En esa línea indicó que podrían contemplarse las recomendaciones hechas por especialistas en la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense.

Para Douglas Caamaño, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), corresponde crear un Sistema Nacional de Alerta Educativa (SNAE), autónomo y con capacidad de emitir informes vinculantes.

Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), considera que esa función evaluadora se le puede trasladar al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

En cambio, Marco Rodríguez, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), cree es necesario un observatorio ajeno al Ministerio de Educación, que pueda hacer evaluaciones periódicas para hacer más rigurosa.

Wálter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), se opone a la creación de nuevas instituciones. En esa línea, piensa que lo que corresponde es hacer una revisión profunda.

Por su parte, David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PT), se dijo totalmente en desacuerdo con contratar a empresas privadas que de alguna forma vayan a influir en las prioridades o funcionamiento de la cartera. En esa línea, apuntó que ello deben decidirlo los funcionarios, estudiantes y padres. 

Este medio también se procuró conocer las posiciones de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR); Natalia Díaz, del Partido Unidos Podemos (PUP). Sin embargo, ninguno atendió las consultas enviadas a sus equipos de prensa desde el 16 de setiembre anterior.

Nota del redactor: el orden en el que se mencionaron los candidatos corresponde a la última encuesta publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).