La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga un presunto sabotaje informático, producto de la eliminación de 300 correos electrónicos, ocurrida durante los allanamientos del caso policialmente conocido como “Barrenador”.

También persigue los supuestos de favorecimiento real (ocultamiento o alteración de pruebas) y facilitación de delito informático, confirmó el despacho en un comunicado (vea video adjunto de Telenoticias).

Por este hecho se investiga a un asesor de la Gerencia Médica, de apellido Herrera, así como dos técnicos en Tecnologías de la Información y Comunicación, de apellidos Villagra y Céspedes.

Se cree que el primero, quien en apariencia colaboró en la elaboración de un análisis que recomendó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicar a cuatro cooperativas y una asociación privada la compra de servicios médicos para 138 equipos básicos de atención integral en salud (ebáis) y 10 áreas de salud.

Asimismo, se investiga si este sospechoso, a sabiendas de que su dirección electrónica institucional se encontraba deshabilitada por orden judicial, solicitó colaboración a los técnicos imputados, con la intención de modificar y destruir la información contenida en bases de datos de su correo.

"Estamos viendo cuál es ese elemento, por qué se borraron, por qué los días del allanamiento el 23 de setiembre del año pasado esos elementos fueron eliminados, qué relación tienen con la causa o si no la tienen, qué relación tienen o no tiene con los imputados", indicó el fiscal adjunto de Probidad, Miguel Ramírez.

Por este hecho, el Ministerio Público allanó las oficinas centrales de la institución y las situadas en el Centro Corporativo Internacional, además de viviendas en Barrio México de San José, Mata de Plátano de Goicoechea y Tarbaca de Aserrí.

Estos posibles ilícitos se investigan bajo el expediente 24-028102-0042-PE, que se tramita en paralelo al escándalo de presunta corrupción que derivó en la detención y posterior suspensión de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja.

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