Extienden prisión preventiva y arrestos domiciliarios a investigados en caso Madre Patria
Entre los imputados figuran abogados notarios, empleados judiciales, oficiales de tránsito y dos ciudadanos españoles, quienes serían los presuntos cabecillas del grupo delictivo.
El Juzgado Penal de San José acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó la prórroga de la prisión preventiva por cinco meses para ocho personas imputadas como parte de una presunta organización criminal dedicada a delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
"Las personas de apellidos Chávez, León, Gómez, Herrera, Loaiza, Prendas, Barrientos y Rodríguez continuarán en prisión preventiva hasta el 25 de diciembre de 2025", dijo la Fiscalía.
Asimismo, el tribunal dictó arresto domiciliario y una serie de medidas cautelares para 12 imputados más, identificados como García, Jiménez, Rojas, González (hombre y mujer), Barrientos, Venegas, Fernández, Herrera, Pérez y Marín. Estas medidas, vigentes hasta la misma fecha.
En el caso de los investigados de apellidos González (hombre) y Venegas, se autorizó el teletrabajo desde sus residencias.
El 25 de junio de 2024, la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Fiscalía, ejecutó 47 allanamientos simultáneos en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Puntarenas.
En ese operativo se logró la detención de 42 personas, sospechosas de integrar una red que habría cometido un fraude registral multimillonario, así como operaciones de legitimación de capitales.
Los allanamientos incluyeron viviendas, bufetes de abogados y oficinas públicas, entre ellas las oficinas centrales del Consejo de Transporte Público (CTP) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que refleja el alcance e infiltración de la estructura criminal.
“Este grupo estaría comandado por dos españoles: un sujeto de apellido Gómez, de 42 años, y otro de apellido León, de 41, quienes se dedican, al parecer, al fraude registral, donde obtenían propiedades que están en desuso, se las robaban registralmente y después las vendían a otras personas.
“Existe toda una estructura conformada por 12 notarios, cinco policías de tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público, así como un juez de la República quien les habría dado asesoría y les facilitaba empresas que tenía para generar legitimación de capitales, y también se aprehendieron otros tres funcionarios de Poder Judicial”, comentó Randall Zúñiga, director de OIJ, el día en que se realizaron los múltiples allanamientos.
