Fiscalía allana CCSS por supuesta manipulación de informes que suspendió inversiones
También se intervinieron tres casas por una investigación seguida contra dos directores y un asesor de la institución administradora de los servicios públicos de salud.
La presunta manipulación de un informe que derivó en la suspensión del portafolio de inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) motivó nuevos allanamientos en la sede de esa institución, la mañana de este lunes.
Mediante un comunicado, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que intervino los departamentos Actuarial, de Planificación y de Telemática.
También el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresó en tres casas de habitación.
Al respecto, la entidad que vela por la seguridad social externó en un breve comunicado su "absoluto respeto" por el trabajo que lleva a cabo el Ministerio Público y aseguró que se darán todas las colaboraciones necesarias.
La diligencia tiene como objetivo la recolección de prueba documental y digital, a fin de incluirla en dar sustento a una investigación que se sigue por presunta influencia contra la Hacienda Pública contra tres funcionarios.
Se trata del exasesor financiero de la Presidencia Ejecutiva, de apellido Quesada, la directora actuarial, de apellido González, así como la directora de Planificación, de apellido Peraza.
Específicamente, la Fiscalía indaga si González, durante una reunión virtual, hizo una recomendación de cómo incluir información en un documento que se presentó a la Junta Directiva el 9 de marzo de 2023.
Se cree que, además, los otros dos sospechosos aprovecharon sus puestos para condicionar los resultados de Informe Técnico sobre la actualización del portafolio estratégico institucional 2023-2032.
Presuntamente, ese documento correspondió a una modificación de una primera versión que había sido presentado una semana antes a la Presidencia Ejecutiva (que entonces era ocupada por Marta Esquivel, actual ministra de Planificación) y las gerencias.
El nuevo informe en apariencia fue manipulado, al incluir un panorama de ingresos insuficientes, lo que llevó al máximo órgano de la Caja a acordar la suspensión de los proyectos incluidos en el portafolio de inversiones, relacionados con construcciones, compra de terrenos, y donaciones.
Lo anterior provocó —según el Ministerio Público— una afectación a los usuarios del seguro social.
Para ese momento, la decisión de la Junta Directiva provocó que se frenaran proyectos como los nuevos hospitales de Cartago y Limón; mismos para los cuales la Gerencia Financiera certificó el 21 de mayo de 2025 la existencia de recursos para llevar adelante el desarrollo de esos proyectos y otros incluidos en el portafolio.
La Fiscalía descartó que al cabo de las diligencias se vaya a detener a alguno de los sospechosos, pero adelantó que a estos se les entregará una citación para que se presenten a rendir declaración indagatoria —es decir, para que se les informes sobre los hechos por los que se les investiga y la prueba que se tiene en su contra— en el Ministerio Público por el expediente 23-000101-1218-PE.
Por su parte, la Caja indicó que se mantendrá "vigilante" a fin de tomar las medidas administrativas que correspondan durante el avance del proceso y para que se esclarezcan los hechos.
