Fiscalía apela resolución que ordenó colocar teles y microondas en cárceles
Esa misma sentencia fue ampliamente criticada por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, quien incluso aseguró que el Juzgado de Ejecución de la Pena "se extralimitó".
La Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena apeló la resolución que ordenó al Ministerio de Justicia y Paz (MJP) volver a colocar televisores y microondas en los pabellones del Circuito de Alta Contención y de Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público ante una solicitud de Teletica.com. No obstante, no fue posible conocer mayores detalles sobre los argumentos usados en el recurso.
La consulta se dio luego de que el ministro de Justicia, Gerald Campos, dijera el 3 de setiembre anterior en una conferencia que su equipo se había reunido con personal de la Fiscalía para tratar asuntos relacionados con la sentencia 2025-006475, emitida por una jueza de la República.
En ese entonces, representantes de la cartera pidieron que se recurrieran "todas las resoluciones de quejas relacionadas con los espacios de alta contención", detalló el Ministerio Público.
La Fiscalía reconoció que, si bien la resolución fue mencionada en el encuentro, nunca se entró a analizar el expediente, ni lo resuelto, como indicó el jerarca en la rueda de prensa.
En su respuesta a este medio, el Ministerio Público aseguró que su personal se limitó a explicarle a los representantes de Justicia sus funciones en la tramitación y participación activa de todos los incidentes correspondientes a la fase procesal de ejecución de la pena, incluidas las quejas de los privados de libertad.
La Fiscalía recordó que la valoración de las resoluciones, en general, y la correspondiente determinación de si procede o no una apelación, "es parte esencial de la función del personal fiscal". Añadió que, el deber de esos funcionarios es actuar con compromiso con su labor y determinación legal.
Valga recordar que, según reveló Teletica.com, de la misma sentencia se desprende una recomendación para que se formulara un amparo electoral contra la prohibición de televisores, radios y periódicos, por una potencial violación a los derechos políticos de los reclusos.
La sugerencia fue acogida por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familiares, que presentó el recurso correspondiente ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
A criterio de Campos, la jueza pudo haberse extralimitado en lo resuelto y, por ello, adelantó que presentaría una denuncia. No obstante, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) rechazó haber recibido una gestión en ese sentido o tramitar alguna investigación contra la juzgadora.
