Informe propone ruta para alcanzar presupuesto del 8% del PIB en educación en 15 años

Un presupuesto para la educación equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) debe dejarse de ver como una aspiración simbólica y convertirse en una realidad para poder solventar los principales rezagos que enfrenta Costa Rica en esa materia. Por ello es que la más reciente edición del Estado de la Educación reunió a un grupo de expertos de distintos sectores, y definió una estrategia para alcanzar ese monto a más tardar en el 2040.

El planteamiento surge del reconocimiento de que el sistema de aprendizaje carece de guías efectivas de mediano y largo plazo; situación que se agravó desde 2022, con el abandono de las políticas existentes y el inicio de cero en distintas áreas.

"La falta de continuidad ha sido uno de los grandes males de la educación costarricense. Esta hoja de ruta busca romper con esa dinámica de borrón y cuenta nueva", explicó el investigador Andrés Fernández.

Tal situación ha provocado un debilitamiento de la capacidad del sistema para consolidar avances y responder a sus rezagos estructurales. Precisamente, esa situación, sumado el “apagón” derivado de las interrupciones de las clases durante las extensas huelgas contra distintas políticas en la administración de Carlos Alvarado y la falta de conectividad en la pandemia contra el COVID-19, han provocado una “crisis educativa persistente”.

La propuesta establece un incremento gradual de la inversión en educación para los próximos 15 años.

El mismo iniciaría con un 0,11% del producto interno bruto en el primer año, que crecería progresivamente hasta alcanzar un 0,34% en 2030 y luego se estabilizaría en torno al 0,31%.

Las cifras representan aumentos graduales adicionales al gasto actual en este rubro, que ronda el 5% del producto interno bruto.

El informe sostiene que esta evolución presupuestaria es menor a la que implicó la reforma constitucional de 2011 (la cual exigía un incremento anual de hasta 0,5 puntos porcentuales del producto interno bruto), y se alinea con las restricciones fiscales actuales.

Las limitaciones aludidas son las relacionadas con la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual estableció techos al crecimiento del gasto, según el nivel de deuda del país.

Pese a que la regla fiscal no impide directamente aumentar la inversión social, lo cierto es que en la práctica —por decisión política— ha desacelerado el ritmo de crecimiento presupuestario del sector educativo. El informe incluso halló que en todos los años desde que entró a regir esta norma en 2020, al Ministerio de Educación Pública (MEP) se le asignaron menos recursos de lo que la regla fiscal permitía.

Tal situación ha provocado restricciones adicionales, en un contexto de alta demanda de inversión, ante un aumento de la cobertura, la infraestructura deteriorada, programas de equidad insuficientes, la urgencia de planes de nivelación de aprendizajes, formación docente y modernización tecnológica.

"La aplicación de la regla fiscal ha contribuido a que se incumpla sistemáticamente el mandato constitucional del 8%, algo paradójico, pues significa darle más peso a una norma de menor nivel legal que a la norma constitucional. Un hecho preocupante de este incumplimiento es que una parte de la disminución de la inversión educativa no proviene de los límites impuestos por esta regla, sino de una decisión política de recortar esta inversión en una proporción mucho mayor que la requerida, lo cual de mantenerse, tendrá altos costos sociales y económicos para el país", comentó por su parte la coordinadora general del informe, Isabel Román.

El Estado de la Educación incluso advierte que, de continuar la línea de recortes aplicados recientemente, el plan de gastos de la cartera caería como proporción del producto interno bruto al 4,67% en 2029.

Lo anterior en momentos en los que el propio informe logró determinar que existe una urgencia de una inversión de 2,94% del PIB, para la universalización del currículo completo en primaria (contratación de personal y construcción de infraestructura), así como la atención de órdenes sanitarias en cientos de centros educativos.

Producto de la brecha que existe para la cobertura de las necesidades del sector es que el Estado de la Educación concluye que la meta constitucional del 8% no es una aspiración simbólica, sino una condición mínima con respaldo en la realidad.

Otros compromisos

Pero la estrategia construida por expertos de la academia, los sindicatos, el empresariado, el Gobierno y la sociedad civil va más allá de un tema presupuestario.

Su propuesta nace de cuatro pilares estructurales; uno de los cuales se excluyó del ejercicio porque es necesario que se implemente un sistema de macroevaluación independiente al Ministerio de Educación Pública:

• Cobertura y equidad: garantizar el acceso equitativo a la educación pública.
• Calidad de los ambientes de aprendizaje: entornos físicos y tecnológicos que favorezcan el aprendizaje, desde infraestructura hasta conectividad.
• Cuerpo docente idóneo: docentes bien preparados y acompañados para una enseñanza efectiva.

A partir de estos pilares se determinaron una serie de aspiraciones nacionales, que parten, por ejemplo, del universalizar la educación preescolar, primaria y secundaria; así como garantizar el acceso al currículo completo en todos los ciclos educativos.

De la mano con lo anterior, se propone ampliar la cobertura de comedores escolares e incentivos para permanencia estudiantil; mejorar la infraestructura y el mobiliario en todos los centros educativos; así como asegurar conectividad y equipamiento tecnológicos en las aulas.

También, como punto clave de la estrategia, se establece contar con docentes preparados y calificados; e impulsar su desarrollo profesional continuo.

Para estas siete aspiraciones, el informe desglosa 12 objetivos operativos y 20 parámetros de logro con indicadores de seguimiento.

Sin embargo, el Estado de la Educación reconoce que la mayoría de estas metas no podrán alcanzarse en un solo gobierno, por lo que se plantea un horizonte de cumplimiento de 15 años.

"Esta propuesta corrige un vacío central del acuerdo constitucional del 8% del producto interno bruto para educación: nunca se estableció qué se debía financiar ni cómo medir avances. Aquella omisión debilitó el compromiso. Hoy, el informe ofrece una hoja de ruta técnica y viable, que permite alinear la inversión con resultados concretos", agregó Andrés Fernández.

La propuesta apunta que el cumplimiento de las metas sea monitoreado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y la Contraloría General de la República (CGR), así como por la Asamblea Legislativa y la sociedad civil.

Pero la ejecución de esta ruta exige voluntad política de las próximas administraciones y un sistema riguroso de seguimiento sobre la gestión del Ministerio de Educación. De ahí que, para Isabel Román, la estrategia se planteó para consideración de los partidos que participarán en los comicios del 1.° de febrero de 2026 y las autoridades gubernamentales que sean electas.