Personas ligadas a alias “Diablo” y “Pollo” intentaron ingresar a trabajar al Poder Judicial
Desde 2017, la institución ha rechazado 106 candidaturas laborales tras detectar alertas en los procesos de investigación de antecedentes.
La Unidad de Gestión Humana del Poder Judicial detectó el intento de dos personas vinculadas con poderosas bandas criminales de ingresar a trabajar en vacantes habilitadas por parte de la institución.
Según datos de dicha unidad, uno de los oferentes estaba ligado a Luis Ángel Martínez Fajardo, alias "Pollo”, uno de los narcotraficantes responsables de la banda que controlaba la distribución de droga en La Unión y Desamparados, y que fue condenado a 20 años de cárcel en 2025 por dicho delito.
El otro candidato tenía nexos con la organización criminal dirigida por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, el presunto líder criminal más buscado de Costa Rica y por quien las autoridades de Estados Unidos ofrecen medio millón de dólares para capturarlo.
Ambos casos fueron localizados tras alertas emitidas por la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes (UISA) del Poder Judicial; un grupo que desde la aprobación de su reglamento en 2017 tiene como tarea indagar aspectos familiares, laborales y sociales en general de la persona oferente a un puesto en la institución, a efectos de verificar el cumplimiento de su idoneidad ética y moral.
La unidad se instaló tras una recomendación de la comisión creada en el tercer poder de la República para investigar la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la institución.
Esta unidad también investiga a los empleados judiciales que buscan “moverse” dentro de la institución, es decir, aquellos interinos que aplican por una propiedad o quienes buscan un ascenso.
La directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta, reconoce que “es una realidad institucional” los intentos del crimen organizado por infiltrarse dentro del aparato de justicia; sin embargo, recalca que trabajan por extirpar a quienes traicionan la misión que se le encomendó.
“Seguimos trabajando en blindar el Poder Judicial, porque son seres humanos expuestos a diferentes riesgos. Entonces, hay mecanismos de capacitación, de orientación, para poder de alguna forma brindar un poco más el proceso. El nivel de exposición que tienen es muy amplio, sobre todo la parte policial, la fiscalía” explica Arrieta.
Según estadísticas de la unidad, desde la implementación del nuevo proceso de filtros en setiembre de 2017, se han sometido a escrutinio 55 candidaturas en Fiscalía General y subrogantes, 371 a puestos de magistratura suplente, 156 en direcciones y subdirecciones, así como las jefaturas de la defensa pública, además de otros 16.550 puestos varios dentro de la institución.
Un total de 3.560 personas se han sometido más de una vez al filtro y, del total de revisiones, el 0,6% (106) han tenido alguna alerta roja.
Los datos brindados por Gestión Humana no incluyen evaluaciones dentro de la judicatura, es decir, los jueces y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes tienen protocolos particulares de revisión.
Si la persona es oferente para entrar por primera vez al Poder Judicial, de inmediato queda fuera del proceso. Si es un empleado vigente quien resulta con esta alerta, el caso pasa a manos del Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ) para iniciar un proceso de investigación.
