¿Qué responde el Gobierno a la recomendación de restablecer guías de educación sexual?
La primera reacción del Poder Ejecutivo vino de la ministra de Salud, Mary Munive, y no de su homólogo de Educación, Leonardo Sánchez, a quien formalmente se le giró la sugerencia.
El Gobierno, lejos de siquiera considerar la sugerencia de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), cuestionó el informe final emitido sobre la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral.
Tanto el presidente Rodrigo Chaves, como la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, fueron los primeros en dar su parecer sobre la recomendación de restablecer dichas guías.
Lo anterior, a pesar de que la sugerencia fue formalmente girada al titular del Ministerio de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez.
"La posición de la defensora es absurda", indicó el mandatario antes de burlarse sobre las observaciones del órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa por la ausencia de criterios técnicos que sustenten la eliminación del programa.
El gobernante sostuvo que sí existió un “razonamiento y análisis” detrás del acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025, emitido el 16 de enero pasado por el Consejo Superior de Educación (CSE).
La jerarca, por su parte, apuntó que la Defensoría lo que hizo fue enviar un machote de cuatro preguntas a diferentes entes, como el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA) y el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH SIDA (Conasida).
Las consultas giraban —describió Munive— sobre si en algún momento conocieron sobre la intención de eliminar las guías, sobre si era necesario remitir un criterio del Consejo Superior de Educación, sobre los recursos con los que cuentan las familias para educar a sus hijos y el impacto que tuvo el programa anterior en la reducción del embarazo.
Para la titular del Ministerio de Salud, fueron “preguntas direccionadas”, para hacer ver que la eliminación de las guías fue lo “peor” que ocurrió en la actual administración
Los criterios técnicos cuestionados por Salud le permitieron al órgano auxiliar del Congreso concluir que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no remplaza ni cumple con los objetivos del eliminado. Esto en el tanto que del mismo se excluyen contenidos clave, como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.
Munive se limitó a referirse al caso del embarazo adolescente, al tiempo apuntó que este problema es “multifactorial”.
También sostuvo que los entes consultados no hicieron lectura de lo que había previo y después.
"Se abocaron única y exclusivamente a responder las preguntas con criterios técnicos de cuáles eran los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con los embarazos adolescentes. Se quitó lo que no tenía que estar, se dejó lo que, de alguna forma respaldado con la ciencia, y que ya tenía una visión integral y de manejo diferente a la etapa de la adolescencia y la niñez, se tenía que dejar. Y los entes técnicos respaldaron con ciencia basada en evidencia cuáles son los datos que de alguna forma fundamentan las estrategias, sobre todo de embarazo, que le preocupaban mucho a la Defensoría", indicó la jerarca.
Esas declaraciones fueron dadas por la jerarca el 7 de mayo pasado ante una consulta hecha en la conferencia de prensa semanal del gobernante. Las mismas fueron reenviadas a Teletica.com como la posición oficial ante una solicitud hecha a la oficina de prensa del Ministerio de Educación.
Sánchez estuvo ausente esa tarde de la rueda de medios. Su lugar al momento en que se abordó el tema fue ocupado por la viceministra administrativa Sofía Ramírez. También posaron junto a Munive y Chaves la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, así como la de la Niñez y de la Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza.
La Defensoría subrayó en su informe que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación.
Por lo anterior, para el órgano auxiliar de la Asamblea, la supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado.
De ahí que se llamara a Sánchez y al Consejo Superior de Educación a que, una vez reactivado el programa anterior, se valore la revisión de las guías y su evaluación periódica respaldada en criterios técnicos y basada en un enfoque de derechos humanos.
Sobre ese particular, el ministro debe dar una respuesta a la Defensoría en 15 días hábiles. Al respecto, este medio mantiene en trámite una consulta ante el departamento de comunicaciones de la cartera.
