Revisión de fotos y audios del caso UPAD abarca 15 celulares, confirma Fiscalía
La diligencia está en desarrollo desde el 6 de abril pasado y se espera se extienda hasta el 30 de mayo próximo.
Un total de 15 celulares son objeto de una revisión en el marco del caso que se le sigue al expresidente Carlos Alvarado por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Así lo confirmó el Ministerio Público ante una consulta de Teletica.com, una semana después de que iniciara la apertura de los dispositivos electrónicos decomisados en los históricos allanamientos del 28 de febrero de 2020.
La diligencia está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), con el auxilio de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), e incluye el teléfono personal del exmandatario.
Como lo dio a conocer este medio, los análisis se realizan de forma privada con cada parte interesada y su representación legal. Específicamente, se examinan los respaldos obtenidos de los celulares del exgobernante y los demás imputados, con el objetivo de ubicar prueba que permita demostrar los hechos que se les atribuyen.
Debido a que esa actuación forma parte de la etapa preparatoria de investigación, la cual es privada para terceros por mandato del artículo 295 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público indicó que no le es posible ahondar en detalles sobre la diligencia.
La defensa de Alvarado, a cargo de los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, explicó a este medio que el examen de evidencias que se lleva a cabo desde el 6 de abril pasado en una sala de los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, tiene que ver con la revisión de fotografías, audios y videos contenidos en los dispositivos, que no pudieron ser analizados por el software forense que utiliza la Policía Judicial.
El expresidente, a través de sus representantes legales, se ha dicho dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial, pues sostiene que no ha cometido delito alguno y asegura que así quedará demostrado.
El resto de sospechosos en la pesquisa son el exministro de la Presidencia y exdiputado, Víctor Morales; la exjefa del despacho presidencial, de apellido Salas; el exasesor legal, de apellido Salazar; el exdirector de la Unidad de Análisis de Datos, de apellido Fernández; así como sus subalternos, de apellidos Villalobos y Madrigal.
La causa persigue los supuestos de prevaricato (dictado de resoluciones ilegales), abuso de autoridad y violación de datos personales.
