¿A qué cárceles y personas va dirigida la ley de “cero ocio” de Laura Fernández?

El proyecto de ley con el que el Gobierno de Laura Fernández pretende obligar a trabajar a los privados de libertad aplicaría para todos los centros penitenciarios del país y para prácticamente todos los reclusos.

La propuesta, conocida como “cero ocio” y que se tramita bajo el expediente 25.617, establece que todas las personas privadas de libertad estarían obligadas a realizar labores, ya sea dentro o fuera de la unidad en la que están recluidas, previo estudio sobre sus características psicológicas, psiquiátricas y sociales.

Además de las exclusiones que esas evaluaciones puedan generar, tampoco serán parte de este programa personas ubicadas en espacios de alta contención, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con enfermedades terminales debidamente acreditadas por la CCSS.

Tampoco estarán sujetas las personas menores de edad recluidas en centros juveniles.

La iniciativa, según el Gobierno, permitiría a la población privada de libertad participar en servicios y actividades productivas “orientadas al desarrollo de competencias laborales y sociales para su efectiva inserción social, la promoción de una cultura de responsabilidad y la contribución a la reparación del daño causado a las víctimas”.

Entre esas actividades, se mencionan labores relacionadas con servicios de infraestructura, logística interna (cocina, panadería, lavandería, limpieza y gestión de residuos), cultivos, sostenibilidad y agricultura, manufactura y textilería, carpintería, ensamblaje y empaque, mantenimiento de espacios públicos, así como cualquier otra actividad productiva, de servicio o apoyo institucional, que sea implementada por la Administración Penitenciaria.

Si bien el Ministerio de Justicia seguirá siendo el ente rector de todo el tema penitenciario del país, se crearía la Unidad de Gestión para la Reinserción Sociolaboral, que será la encargada de la tramitación y ejecución de los convenios y acuerdos para la prestación de bienes y servicios previstos en esta ley.

La iniciativa establece que esas labores se pueden realizar tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios; en este último escenario, se podrán suscribir convenios con entes de derecho privado; pero, en este caso, la participación de los reclusos será “estrictamente voluntaria”.

“No se utilizará la asignación de actividades productivas penitenciarias como medida disciplinaria ni se someterá a las personas privadas de libertad a condiciones de explotación económica”, dice la propuesta.

En ese mismo escenario, la ley faculta al Ministerio de Justicia a facturar por las labores que los privados de libertad realicen para terceros y será esa misma entidad la que administre y gestione esos recursos.

Eso significa que esos dineros no se entregarán a la persona privada de libertad, sino que se distribuirán de la siguiente forma:

• Un 35% al sistema penitenciario para la manutención del privado de libertad.

• Un 35% irá a las víctimas del crimen que cometió el recluso trabajador.

• Un 20% al apoyo de la familia del privado de libertad.

• Un 10% a un fondo de ahorro que se le entregará al recluso una vez sea liberado.

Discusión similar

El proyecto presentado este lunes por la presidenta Laura Fernández es muy similar a otro que ya había presentado, en 2024, el exdiputado Fabricio Alvarado (Nueva República).

Si bien aquella propuesta, que no encontró respaldo necesario ni para ser dictaminada en comisión, pretendía incluir el trabajo como parte de la condena, la Sala III y diversos expertos expresaron sus preocupaciones por posibles violaciones a la Constitución Política y otras normas supranacionales.

La principal preocupación es la posibilidad de que este cambio se interprete como trabajo forzado, algo que el Gobierno rechaza.

“Bajo este modelo de alta exigencia, la población penitenciaria no es sometida a trabajos forzosos, sino que queda sujeta a un régimen de aprendizaje práctico riguroso y disciplina ocupacional en entornos reales de producción, adquiriendo de forma obligatoria las competencias técnicas que el mercado exige para su reinserción definitiva”, justifica la norma propuesta.

Patricia Solano, presidenta de la Sala III, ya había declarado en el Congreso, sobre el proyecto de Alvarado, que el Estado ya está obligado a darles comida y techo a los privados de libertad, por lo que no podría exigírseles un pago para este fin.

El proyecto deberá ser asignado a comisión para iniciar con su análisis y discusión, incluido el proceso de audiencias.