Caso “Pista Oscura”: Casa Presidencial defiende modificación de contrato con MECO

La Casa Presidencial defendió, la tarde de este miércoles, la modificación contractual realizada en la reparación del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Precisamente, el cambio de diseño y su consecuente descuento en el contrato suscrito con la Constructora MECO, es uno de los puntos que derivaron en el escándalo de presunta corrupción conocido como “Pista Oscura”, destapado el martes con 22 allanamientos dirigidos por el Ministerio Público y ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El jefe de la Asesoría Legal, Eduardo Mora, recordó que fue la empresa la que propuso una ingeniería de valor, luego de identificar que, supuestamente, los trabajos no iban a necesitar la profundidad que originalmente se planteó en los términos de proceso licitatorio de emergencia para reparar la zona de aterrizaje de la terminal aérea.

También indicó que la Unidad Ejecutora de la obra, en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), se opuso a tal planteamiento, por considerar que este no se ajustaba al objetivo original de lo que se pactó para solventar el deterioro de la pista.

Fue ante esa situación que se optó por contratar, vía la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), a un consultor externo que valora la propuesta de MECO y el diseño originalmente licitado.

"Este concluye que no es viable la propuesta de MECO ni la original de Aviación Civil por los daños que presenta la pista y plantea una alternativa intermedia. En esa alternativa, señala las condiciones que requiere la reparación de la pista.

"En ese proceso se acoge, no la recomendación de MECO ni la original de los ingenieros, sino la del consultor que se contrata para que haga la doble valoración. Fue así como se realizó el proceso de ingeniería de valor, que implicó un ahorro de $4 millones en la contratación", subrayó Mora.

Sin embargo, tanto el fiscal general Carlo Díaz como el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, sostienen que, previo al planteamiento de la constructora, la Unidad Ejecutora advirtió de una serie de incumplimientos de parte de MECO.

El abogado de la Casa Presidencial omitió referirse a esas infracciones, así como a las presiones que supuestamente ejercieron el otrora ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, sobre los técnicos que se oponían a avalar la modificación contractual.

La empresa tampoco se ha pronunciado sobre ese particular, en los comunicados que divulgó tras cuatro allanamientos en sus instalaciones.

MECO sí subrayó que identificó un “sobredimensionamiento técnico innecesario” en cuanto a las capas estructurales de la pista, lo que la llevó a plantear la ingeniería de valor.

Para la constructora, la zona de aterrizaje contaba con “propiedades físico-mecánicas plenamente competentes” en su base y su subbase, como lo arrojó el consultor externo.

La empresa mantiene que redujo “intervenciones innecesarias” y que extendió la vida útil del diseño de ocho a 10 años, más de lo que inicialmente contempló Aviación Civil.

Durante su exposición, Mora además rechazó que el decreto 44.072 —con el que se incluyó a Liberia entre los cantones afectados por el huracán Bonnie previstos en el decreto de emergencia 43.626-MP— se haya hecho por “gusto de la Presidencia” y enfatizó en que este se basó en un informe técnico que firmó el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

Esto a pesar de que el Ministerio Público investiga la posible inclusión de datos falsos en los informes que dieron sustento al “nexo de causalidad”, para que el deterioro de la pista pudiera vincularse a la emergencia y dar pie a un régimen de excepción, mediante el cual el arreglo pudiera hacerse mediante un procedimiento especial y con recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE).

Asimismo, el abogado de la Casa Presidencial defendió que la adjudicación se hizo en apego a la ley; hecho que ratificó el martes la Fiscalía General.

No obstante, valga recordar que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue la única persona que puso en entredicho la legalidad de la contratación, al afirmar el 12 de marzo de 2024 que esta se hizo a la medida de MECO, como justificación de la destitución de Amador.

“Opereta payasística”

En el plano político, Rodrigo Chaves llenó de calificativos las diligencias y a sus protagonistas, Carlo Díaz y Rándall Zúñiga.

Valga resaltar que el operativo conllevó la detención del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, así como el director de Aviación Civil, Marcos Castillo.

"La opereta payasística, la payasada que hicieron Carlo Díaz y Rándall Zúñiga con el permiso de los titiriteros, no va a amedrentar a este Presidente de la República ni a nuestros colegas", señaló el mandatario en su primera reacción sobre los allanamientos.

"Yo les advierto: en 1948, el pueblo se alzó. Yo no digo que lo van a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera. ¿Se animarían? No sé. La paz, la democracia, los procesos democráticos los vamos a defender", agregó poco después.

Según el gobernante, el operativo constituyó “un acto de intimidación”, que busca que sus ministros y presidentes ejecutivos dejen de cumplir con sus labores.

Chaves defendió que los funcionarios de su administración actuaron conforme a la ley y en apego a criterios técnicos.