Por Paulo Villalobos |14 de mayo de 2025, 6:32 AM

El exministro Mauricio Batalla y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, pasaron la noche en celdas de los tribunales de Goicoechea.

Misma situación ocurrió con un ingeniero del órgano adscrito a la Presidencia de la República, de apellido Villalobos, así como con el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.

Lo anterior, a la espera que del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública cite a las partes a una audiencia de medidas cautelares, prevista para este miércoles, explicó a Teletica.com el abogado del último de los imputados, José Pablo Vengas.

"De momento, la posición de la defensa es escuchar cuáles son los argumentos, los hechos que se le atribuyen a nuestro representado Marcos y, a partir de ahí, exponerle al juez las circunstancias sobre la petición del Ministerio Público.

"Actualmente, no tenemos noticias si van a solicitar medidas cautelares menos gravosas o eventualmente la prisión preventiva. Como usted sabe, hay que analizar los peligros procesales y algunos otros detalles que tienen que ver sobre la prueba, los testigos y demás", explicó el jurista.

El defensor se dijo respetuoso de la posición mostrada hasta ahora por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), pero enfatizó en que, a esta altura, el proceso "es muy prematuro" como para entrar a analizar los hechos atribuidos a su representado.

A Castillo —igual que a Batalla y a Villalobos— se le achacan los presuntos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, a través de un contrato por $39,9 millones suscrito con la Constructora MECO.

Específicamente, la orden de allanamiento del caso policialmente denominado Pista Oscura, apunta que el director de Aviación Civil ejerció supuestas presiones sobre la Unidad Ejecutora de la obra, con el supuesto objetivo de lograr una modificación contractual en favor de la empresa, luego de que esta sugiriera cambiar el diseño que originalmente le fue contratado.

"Tenemos claro que es una interpretación que se está dando sobre un tema contractual y algunas recomendaciones técnicas que se hicieron para la construcción o la mejora del aeropuerto Daniel Oduber, pero hasta este momento eso es lo que tenemos", indicó Venegas.

En el cuanto a Picado, su relación con los hechos es ligeramente diferente, pues a este más bien se le relaciona con una aparente inclusión irregular de Liberia como cantón afectado por los efectos del huracán Bonnie, de manera que se permitiera el arreglo de la zona de aterrizaje con fondos de emergencia.

No obstante, el Ministerio Público sostiene que existen informes técnicos que descartan que existiera un nexo causal entre el fenómeno natural y el deterioro que presentaba la pista.

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