Chaves desplaza a Figueres: ya es el presidente con más vetos en 40 años
El mandatario saliente llegó este miércoles a 17 vetos luego de negarse a sancionar dos proyectos, entre ellos el que permitiría identificar criminales mediante ADN.
El presidente Rodrigo Chaves sumó este miércoles dos vetos más en su administración y desplazó así a José María Figueres Olsen en ese particular escalafón.
Chaves llegó a 17 vetos luego de oponerse a los expedientes 23.719 y 24.341, el primero para incentivar y promover una red de cuido para adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad; el segundo, la creación de un banco de ADN de todos los privados de libertad que están hoy en el sistema penitenciario nacional.
Figueres era el mandatario con más vetos desde 1998 (16). Chaves llegó a 17 y se posiciona ahora como el presidente que más leyes vetó desde Luis Alberto Monge, quien entre 1982 y 1986 se negó a sancionar 23 propuestas.
¿Qué dicen los nuevos vetos de Chaves?
En el caso del expediente 23.719, de la exdiputada liberacionista Montserrat Ruiz, el veto del Ejecutivo fue total por razones de “oportunidad y conveniencia”.
El Gobierno justificó que los artículos 3 y 4 de la iniciativa, en los cuales se exoneran a las cooperativas del pago de tributos o cargas parafiscales establecidas por la Ley 4179, algo que según Presidencia carece de un estudio que determine el impacto sobre los ingresos para el financiamiento de las entidades indicadas, “impacto que puede llegar a ser del 100% de acuerdo con el texto aprobado”.
Por su parte, el expediente 24.341, del exdiputado liberal, Eli Feinzaig, establece que cuando un privado de libertad quiera acceder a un beneficio carcelario, deberá someterse a un registro completo de su información biométrica y un perfil de ADN como requisito indispensable para solicitarlo, de manera que las autoridades tengan información actualizada de todas estas personas.
En ese caso, el Ejecutivo alegó razones de “oportunidad y conveniencia y constitucionalidad”, al introducir un modelo de gestión que, según las autoridades, “resulta incompatible con la organización institucional vigente, la adecuada distribución de competencias y las necesidades operativas del sistema penitenciario y de investigación penal”.
Sobre las razones de constitucionalidad, el Gobierno cuestionó que “la iniciativa vulnera el principio de separación de poderes, al atribuir al Ministerio de Justicia y Paz funciones propias del Poder Judicial, específicamente en materia de recolección y tratamiento de datos biométricos con fines de investigación penal”.
Ambos vetos deberán ser analizados por el actual Congreso, con una mayoría oficialista que hace improbable pensar en un resello que necesitaría de, al menos, 38 votos.
