Por Juan José Herrera |7 de mayo de 2025, 10:33 AM

La Contraloría General de la República dejó claro este miércoles que no es posible utilizar fondos públicos para pagar pólizas de responsabilidad civil a funcionarios.

El criterio, trasladado hoy al Ministerio de Hacienda luego de la consulta realizada por esa cartera en marzo pasado, es enfático en que los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración y no los beneficios personales de los funcionarios. 

“De este modo, es claro que contratar seguros para cubrir responsabilidades personales de jerarcas sería incompatible con el principio de legalidad financiera y el régimen de responsabilidad administrativa.

“Se enfatiza que la rendición de garantías o cauciones es una obligación personal del funcionario público, según lo establecido en el marco normativo vigente”, respondió la Contraloría.

El criterio del órgano contralor es relevante en medio de las gestiones que llevaba adelante Hacienda para contratar pólizas de responsabilidad con el Instituto Nacional de Seguros (INS) para proteger al Presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros ante procesos legales en el ejercicio de sus cargos.

Esta no es la primera vez que el ente contralor se pronuncia en esta misma línea, pues ya lo había hecho en reiteradas oportunidades en medio de la insistencia del Ejecutivo por adquirir estas pólizas.

Hacienda y la vicepresidencia de la República han defendido que estos seguros no cubrirían condenas o eventuales errores de los funcionarios, sin embargo, no queda claro los alcances de esas coberturas o las formas en que se realizarían los reintegros ante esas eventuales condenas.

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