Defensa de Rodrigo Chaves señala cinco deficiencias en acusación por caso BCIE
El presidente niega en comparecencia ante comisión legislativa haber ordenado a Christian Bulgarelli que entregara $32 mil a Federico "Choreco" Cruz.
La defensa técnica del presidente Rodrigo Chaves enumeró la mañana de este viernes una serie de razones por las que asegura que la acusación en su contra —que derivó en una solicitud de desafuero— incumple con los requisitos mínimos para tal fin.
Por espacio de hora y media, el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos, detalló a la comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el levantamiento de la inmunidad del gobernante varias deficiencias en la pieza que presentó el fiscal general Carlo Díaz.
Valga recordar que el caso contra Chaves, así como su ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, tiene que ver con una supuesta orden que estos dieron al publicista Christian Bulgarelli, para que este diera $32.000 al asesor y amigo del presidente, Federico "Choreco" Cruz, a cambio de que su empresa RMC La Productora recibiera un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Para el Ministerio Público, tales hechos encajan con una presunta concusión.
La presentación del jurista estuvo antecedida por una deposición del propio mandatario, en la que este negó haber girado tal disposición y se mantuvo confiado de que no se logrará probar lo contrario, lo que le permitirá salir librado de lo que calificó de un "montaje político".
Villalobos enfatizó que, para su defensa ante el foro del Congreso, debe interpretarse que a los diputados lo que les corresponde es hacer un análisis de la acusación presentada y la prueba que la fundamenta, para determinar si existe suficiente sustento como para despojar al gobernante y el jerarca de su fuero de improcedibilidad penal y llevarlos a juicio.
El abogado se abocó entonces al análisis del hecho medular de la acusación, que establece que el presidente, en abuso del ejercicio de su cargo, "obligó e indujo" a Bulgarelli a dar "indebidamente un beneficio patrimonial" en favor de Cruz, a cambio de la adjudicación del contrato a su empresa. Según Díaz, esto ocurrió entre junio y octubre de 2022.
Sin embargo, ese hecho de la acusación se basa en una reunión en la que participaron Chaves, Rodríguez, Bulgarelli y la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, que fue grabada por esta última y que fue dada a conocer por el diario La Nación.
Villalobos criticó que la acusación fuera tan imprecisa, si más adelante, el mismo expediente 25-000019-0033-PE establece que ese encuentro tuvo lugar el 3 de agosto de 2022.
La acusación añade que "acto seguido" de la reunión, fue el gobernante "obligó e indujo" al publicista.
No obstante, el abogado hizo ver que no existe prueba alguna de que esa instrucción haya ocurrido inmediatamente después, como lo establece la pieza del Ministerio Público.
Pero el defensor también cuestionó que Díaz se inclinara por acusar los dos verbos que el Código Penal establece para el delito de concusión.
En opinión de Villalobos, esto es contrario a la lógica y muestra, una vez más, que la acusación es imprecisa, contrario a lo estipulado en el artículo 303 del Código Procesal Penal.
Finalmente, la pieza de Díaz indica que el pago a Cruz debía hacerse "bajo la advertencia" de que Bulgarelli podía "perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo".
Pero para el defensor "eso es imposible". Esto en el tanto que la adjudicación se hizo el 18 de octubre de 2022, mientras que el presunto pago a "Choreco" de parte del publicista se dio hasta el 24 de febrero de 2023. Es decir, para Villalobos no era cierto que la adjudicación dependiera del traslado del dinero al asesor.
El último punto tiene que ver con el criterio de oportunidad aplicado para el caso de Bulgarelli, que lo convirtió en "testigo de la corona" del caso. Esto significa que, producto de su colaboración, se frena la persecución penal contra el publicista por un aparente favorecimiento real (ayudar a ocultar rastros de un delito).
Al respecto, Villalobos señaló un "error de bulto" de Díaz, que desde su perspectiva permite concluir que la acusación contra Chaves fue "fabricada".
Esto en el tanto que fue el 4 de abril de 2025 que el fiscal abrió una causa contra Bulgarelli y que redactó la pieza contra el mandatario, según se desprende del expediente bajo estudio.
Sin embargo, para que el criterio de oportunidad se hubiera podido negociar, al publicista se le tuvo que haber entrevistado, se tuvo que haber autorizado su colaboración, todo el mismo día; que a su vez fue el último día hábil antes de que la acusación se remitiera a la Corte Suprema de Justicia (7 de ese mes).
"Ese 4 de abril es el día más productivo en la historia", señaló Chaves con tono sarcástico.
Por lo anterior es que Villalobos pidió a los diputados de la comisión, Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas, que pidan una copia del legajo del criterio de oportunidad y que lo estudien a fondo.
También solicitó que revisen el informe del magistrado instructor del caso, Giovanni Mena, así como la sumaria 25-000045-0033-PE que se sigue contra Bulgarelli y la acusación que sigue en la vía ordinaria contra Cruz.
