Diputada propone crear fondo para que fuerzas policiales compren tecnología de punta
Según el texto del proyecto, todas las compras y procesos licitatorios serían tramitados como “secreto de Estado” con la supervisión confidencial de la Contraloría.
La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó un proyecto de ley que busca crear un fondo especial para fortalecer las capacidades tecnológicas del Estado costarricense en materia de seguridad nacional.
El texto plantea la creación del Fondo Especial de Tecnología para la Seguridad Nacional (FETESN), un instrumento financiero que operaría con autonomía y bajo un régimen de confidencialidad excepcional.
Según detalla la propuesta, este fondo estaría destinado a financiar la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de tecnología de última generación, la construcción de centros de monitoreo e inteligencia, y la contratación de personal técnico especializado en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis forense digital.
El fondo también permitirá “el fortalecimiento operativo de las instituciones encargadas de la seguridad nacional”, entre ellas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Fuerza Pública, Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Policía de Control de Drogas, Policía de Fronteras y Servicio Nacional de Guardacostas.
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su enfoque en el secretismo. El artículo 8 establece que “toda la información, documentación, expedientes, contratos, informes técnicos, financieros o estratégicos generados o tramitados en el marco del funcionamiento del Fondo (…) tendrán la categoría de secreto de Estado”. La justificación para esta reserva se basa en que la información está “vinculada directamente con la seguridad, defensa, inteligencia del Estado y lucha contra el crimen organizado”.
Además, el fondo operará bajo un régimen especial de contratación, que le permite realizar compras de tecnología “de manera directa” y al margen de la Ley General de Contratación Pública. Las adquisiciones se podrán realizar mediante proveedores privados, organismos internacionales o convenios bilaterales con gobiernos.
Esta excepción se basa en “el carácter confidencial, urgente y crítico de las tecnologías y servicios que requiere el Estado”.
Consultada por Teletica.com, la diputada explicó que la ley tiene mecanismos establecidos para garantizar el buen uso del dinero aún y cuando sea bajo secreto de Estado.
"El Consejo de Administración [del fondo] estará integrado por altos jerarcas del Poder Judicial, como el Fiscal General, el director del OIJ y magistrados designados por la Corte Suprema de Justicia, lo cual garantiza un alto nivel de independencia y control institucional.
"La confidencialidad no implica ausencia de fiscalización: se busca proteger la información sensible por razones de seguridad nacional, pero siempre bajo principios de razonabilidad, eficiencia, oportunidad y rendición de cuentas, y con revisiones por parte de la Contraloría, como indica expresamente el artículo 7", dijo Ruiz.
Según el texto legislativo, la Contraloría deberá fiscalizar el uso del dinero con “las más estrictas medidas de confidencialidad y seguridad en el manejo de la información”.
Los hallazgos y resultados de las auditorías y fiscalizaciones que realice el ente contralor serán presentados ante la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Administración del fondo.
"El proyecto de ley no limita la transparencia de las compras públicas, que es un principio fundamental de nuestro sistema. Lo que pretende es entregarle a las autoridades herramientas ágiles y estratégicas para combatir el crimen organizado. El manejo adecuado de la tecnología en materia de seguridad nacional, debe tener un tratamiento especializado", añadió la legisladora verdiblanca.
Para financiar el FETESN, la propuesta propone utilizar diversas fuentes de dinero público: un aporte único de $30 millones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), un 10% anual de las utilidades del Banco Popular, y un 2% de los superávits presupuestarios de instituciones públicas, excluyendo municipalidades con presupuestos inferiores a los mil millones de colones.
El proyecto señala que “resulta de vital importancia fortalecer de manera sostenida y duradera las capacidades estatales e institucionales para prevenir, enfrentar y reducir los crecientes desafíos en materia de inseguridad, criminalidad y violencia”.
La propuesta está a la espera de ser publicada en La Gaceta y ser asignada en una comisión, para iniciar su camino de discusión política.
