Fiscalía coincide con defensa de ministro Gerald Campos y pide devolver proceso al Congreso

El fiscal general Carlo Díaz pidió a la Sala de Casación Penal que el proceso contra el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, sea devuelto para un antejuicio en la Asamblea Legislativa.

Su posición se desprende de una contestación que el jefe del Ministerio Público hizo llegar al alto tribunal el 6 de mayo pasado, a la que Teletica.com tuvo acceso.

Lo anterior, al responder a una actividad procesal defectuosa —figura a través de la cual se cuestionan las actuaciones judiciales en detrimento de garantías— planteada por la defensa del actual jerarca, la cual fue dada a conocer por este medio desde el 11 del mes pasado.

Desde entonces, se procuró conocer la posición de Díaz en torno a la gestión de su contraparte, pero a través de su oficina de prensa, el fiscal general se limitó a confirmar que había remitido la contestación y evitó ahondar en detalles de la misma, debido a la privacidad que cubre las actuaciones que forman parte de la etapa actual del caso, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.

Pero en el documento al que tuvo acceso Teletica.com es que se logra constatar que el Ministerio Público también opina que a Campos se le violentaron sus derechos fundamentales en el trámite de su renuncia a la inmunidad, que realizó el 30 de junio de 2025 ante la Asamblea Legislativa.

El fiscal general entró a analizar la forma en la que el titular desistió del fuero de improcedibilidad penal del que gozaba como titular —en ese momento— del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), así como el manejo que le dio el Congreso a la gestión.

"De lo anterior, se pueden observar dos circunstancias relevantes para el análisis de validez constitucional del trámite seguido: por un lado, el señor Gerald Campos presentó su escrito ante el Congreso sin la debida asistencia letrada, lo que genera una vulneración a su derecho de defensa y, por el otro lado, su escrito no fue sometido a valoración ni a votación tal y como lo establece nuestra Constitución Política", señaló Díaz.

La cabeza del Ministerio Público puntualizó que el parlamento —entonces presidido por el diputado Rodrigo Arias— debió haber advertido a Campos que estaba en estado de indefensión, pues su renuncia a la inmunidad la presentó sin la asistencia de un abogado.

Asimismo, mencionó que en ningún momento los legisladores respetaron el procedimiento que establecen la Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea en cuanto al proceso de desafuero de los miembros de los Supremos Poderes.

Díaz agregó que, si bien la renuncia a la inmunidad no está prohibida por la Carta Magna, ese acto no exime a los congresistas de someter a discusión y votación el levantamiento del fuero.

Pero en el caso concreto, el Parlamento se limitó a dar por conocida la gestión del ahora ministro de Seguridad Pública.

"En consecuencia, al no haberse materializado el procedimiento constitucional de levantamiento del fuero de inmunidad mediante una decisión adoptada por la Asamblea Legislativa conforme a las competencias previstas en el artículo 121, inciso 9), de la Constitución Política, estima esta representación que el proceso penal ha sido tramitado sin la satisfacción de un requisito esencial de procedibilidad, configurándose así una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto que debe ser declarada con lugar", concluyó el fiscal general.

Para sanear los derechos que el jefe del Ministerio Público considera que se violentaron a Campos, Díaz cree que debe corregirse el acto alegado como defectuoso, a través del correspondiente antejuicio en la Asamblea.

Actualmente, el planteamiento realizado por el abogado del titular, Ronny Durán, está pendiente de resolución de la Sala de Casación Penal, que más bien estaba preparada para celebrar un juicio oral y público contra el jerarca.

El ministro figura como sospechoso de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron entre mayo de 2015 y enero de 2016, cuando fungía como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).