Informe UNA: Gobierno de Chaves busca “desmantelar y erosionar” contrapesos de la democracia

“Una constante resistencia hacia el control político, sumada a la criminalización de la labor que ejerce la oposición política y judicial, hacen que desde el Gobierno exista una intención por ‘desmantelar y erosionar’ el contrapeso que debe existir en una democracia plena como la costarricense”. Esa es la principal conclusión que expuso este jueves la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA) en su informe trimestral del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense.

El informe detalla que ese objetivo de la administración Chaves Robles se manifiesta “con ataques directos a la oposición política, con la reticencia hacia el control constitucional y penal que ejerce el Poder Judicial y con los cuestionamientos hacia la labor fiscalizadora en materia fiscal que realiza la Contraloría General de la República o en materia de derechos humanos, por parte de la Defensoría de los Habitantes”.

“El estilo presidencial tiene como principal objetivo desmantelar y erosionar, progresiva pero seguramente, los controles que ejercen sobre su administración las instituciones horizontales del Estado sea en materia política, económica o constitucional, lo que es una contundente señal de deterioro democrático”, indica el informe.

El informe cataloga ese comportamiento como un “populismo delegativo”, que se presenta cuando un presidente se arroga como representante, lo que de manera difusa se denomina “pueblo” y modifica el aparato institucional para amoldarlo según sus intereses.

El análisis advierte que esta situación se agravará conforme avance el proceso electoral, evidenciando, además, “las limitaciones del Gobierno para alimentar la confianza, la estabilidad y el rumbo que requiere el país”.

“En la actual coyuntura, el país recorre una senda sin retorno en el que la legitimidad del sistema político y sus instituciones es constantemente puesta en duda gracias al particular protagonismo de figuras políticas dentro del Estado que, aprovechando sus posiciones, construyen narrativas mesiánicas y antisistema para capitalizar el descontento popular y redirigirlo a la institucionalidad del país”, añade el estudio.

El informe también afirma que existe una “sumisión” de Costa Rica en su política exterior con Estados Unidos, por ejemplo, con la aceptación de migrantes deportados.

También denuncia que se ha intensificado un discurso “populista carcelario” con la intención del Poder Ejecutivo de construir una “megacárcel” en el país, siguiente el ejemplo de lo que se ha hecho en El Salvador.

“Mientras existe una discusión pública sobre el no giro de recursos presupuestados para atender temas de seguridad, este análisis también hace un llamado de atención sobre la política hacendaria de la actual administración, sobre todo, en exoneraciones legales que afectan la recaudación tributaria.

“Solo en impuestos sobre la renta y en el de Valor Agregado, el país deja de percibir hasta 2 billones de colones al año, lo que representa un 4.5% del Producto Interno Bruto. En el ámbito de la Educación, persiste una desconexión entre la necesidad de atender demandas urgentes y propuestas que son de más largo plazo.

“La realidad que enfrentan los estudiantes es más inmediata y dura. Radiografías recientes muestran que, para este 2025, miles de niñas, niños y adolescentes conviven en condiciones de infraestructura deficiente, carencia de materiales y desigualdades urbanas y rurales, que no se solucionan con capacitaciones a futuro”, concluye el informe.