Justicia insiste en que no revelará dónde se construirá nueva cárcel

El ministro de Justicia, Gerald Campos, se negó una vez más a revelar dónde se construirá la nueva cárcel que impulsa esa cartera.

Lo hizo ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que precisamente analiza el traslado de ₡8.147 millones que propone el Poder Ejecutivo para cubrir el 40% del costo total de la obra (₡20.975 millones).

“Preferimos no comunicarlo, no porque no queramos hacerlo, sino porque esto hoy, sin saber adónde es, ha implicado ya amenazas serias a la integridad de funcionarios, amenazas tan directas que les han dicho: 'Sabemos dónde está su esposa, dónde están sus hijos'.

“Esto no debe seguir y ya las denuncias están ante el OIJ, entonces queremos minimizar los riesgos, porque aquí se van a involucrar muchos funcionarios públicos, tanto del ministerio como de otras instituciones”, justificó Campos.

Justicia ya había adelantado a los diputados del órgano, mediante un oficio, que el proyecto fue declarado como confidencial en conjunto con el Mideplan; alegando, entre otras, razones de seguridad nacional.

“No dudo de las amenazas, pero lo lógico es que sepamos dónde se va a desarrollar el proyecto”, le cuestionó la socialcristiana Vanessa Castro.

El jerarca se limitó a decir que el proyecto ya tiene los estudios de suelo y que se construirá en terrenos del ministerio. También se precisó que abarcaría poco más de 31 metros cuadrados de construcción, que albergaría a 5.100 privados de libertad y que tardaría 195 días en construirse, por lo que la previsión es que se inaugure en 2026.

Campos también dijo que se tratará de una cárcel inteligente, donde sistemas de vigilancia llevarán registros no solo de los privados, sino de los funcionarios.

El plan se financiaría con los dineros no ejecutados de diferentes instituciones y el restante 60% se incluiría en el presupuesto nacional de 2026.

Campos y la viceministra, Carolina Castro, defendieron que de no construirse esta cárcel el país entraría en un escenario crítico en 24 meses, que podría, entre otras, “generar aumento de muertes y lesiones graves, motines, toma de rehenes, expansión del control criminal, colapso operativo y pérdida de gobernabilidad y una crisis humanitaria y sanciones internacionales”.

La sesión acabó con un proceso privado al que no obtuvo acceso el público ni la prensa.