No hay acuerdo entre Justicia y Poder Judicial para atender Ley de Ejecución de la Pena

La posibilidad de que el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia acerquen sus visiones sobre la solución al manejo del sistema penitenciario del país sigue siendo lejana.

Este jueves, en audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el viceministro de Justicia, Nils Ching, defendió como base de esa discusión el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional (24.912), presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, y rechazó la propuesta de los magistrados en la Ley de Ejecución de la Pena (24.019), dejando en un punto muerto el tema en el Congreso.

Ching aseguró que aunque se persigue un mismo fin, no pueden estar de acuerdo con la visión del Poder Judicial, que dijo no cubre todas las preocupaciones por las que ha insistido Justicia.

“Ellos (magistrados) no son consecuentes con todo lo que estamos proponiendo, de manera que no podemos estar de acuerdo porque no están cobijando todo lo que atañe al sistema penitenciario, su estructura, lo que debe de ser y las posibilidades y capacidades que debemos de tener para poder gestionar de manera responsable el sistema penitenciario”, criticó el viceministro.

La principal queja de Justicia en ese punto, según Ching, es que el proyecto de Ejecución de la Pena se concentra en las personas condenadas, pero no atiende a las indexadas (personas con monitoreo o medidas alternativas).

“No podemos estar de acuerdo en solo administrar una parte, no contemplar todo lo que debe ser el sistema penitenciario”, añadió el jerarca.

Sin embargo, los diputados también cuestionaron el posible irrespeto que el proyecto del Ejecutivo tendría sobre la independencia de poderes, específicamente sobre las potestades que hoy tienen los jueces de ejecución de la pena.

Específicamente, los legisladores criticaron el artículo 28 del proyecto del Gobierno, que establece que los acuerdos que emita el Consejo Técnico Penitenciario (Instituto Nacional de Criminología) serían vinculantes para la toma de decisiones de las personas juezas de ejecución de la pena en aquellos casos estipulados en el Código Penal.

“¿Eso no significa reducir la independencia judicial?”, cuestionó la liberacionista Alejandra Larios.

“No, para nada, somos respetuosos de eso y de la competencia legal que tienen los jueces de ejecución de la pena; lo que no queremos, insisto, es que haya una coadministración y que las decisiones sean informadas bajo criterio técnico.

“En muchos casos nuestro Instituto Nacional de Criminología, que en este caso sería el Consejo Técnico Penitenciario, ha tomado resoluciones, decisiones informadas, sobre las personas privadas de libertad, han recomendado que la persona permanezca en el sistema penitenciario por su perfil, antecedentes y porque no reúne todos los requisitos que debe tener; y aun así, ha pesar de esa recomendación, de haber un criterio y esa información, declinan los jueces de ejecución, o sea, hacen lo que quieren, no con base a una resolución informada”, criticó Ching.

“Dada la diferencia abismal que existe entre un proyecto y otro, ustedes no se van a poner de acuerdo con la Corte y ustedes no van a querer que se convoque ese otro proyecto”, dijo el legislador, recordando que el Ejecutivo no ha convocado ese expediente en sesiones extraordinarias a pesar de que es un proyecto que data de 2023 y tiene mucho más avance que el del Gobierno.

Las reformas a la ejecución de la pena y el sistema penitenciario se discuten desde hace décadas: desde que se promulgó el Código Penal en los años 70 se indicó la necesidad de una ley específica para el tema sin que, hasta ahora, haya sido posible su aprobación.