Por Juan José Herrera 7 de octubre de 2025, 11:45 AM

El próximo jueves, el Directorio Legislativo presentará a los jefes de fracción la solicitud que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les trasladó para el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de beligerancia política.

Ese día se decidirá el siguiente paso en el proceso, que involucra la creación de una comisión especial para analizar las pruebas presentadas y determinar si existen o no elementos para continuar con la causa.

¿Qué esperan las jefaturas de ese nuevo proceso?

“Nos corresponde ahora conocer la solicitud de desafuero con seriedad, sin cálculos partidarios y atendiendo al interés público, nuestro compromiso es permitir que las instituciones funcionen si el levantamiento de la inmunidad es requerido para que el TSE pueda abrir el procedimiento sancionatorio ordinario y esclarecer los hechos, debemos allanar ese camino, siempre dentro del marco constitucional”, aseveró Óscar Izquierdo, cabeza del PLN.


Rocío Alfaro, quien integró la comisión en el pasado proceso, invitó al Congreso a analizar este nuevo caso con seriedad y no votar por “afinidad o simpatía”.

“Es muy importante entender que la beligerancia tiene que ver con utilizar fondos públicos, que nos pertenecen a todos los costarricenses, para beneficiar una causa particular, en este caso una causa partidaria. Esperamos también que la Asamblea Legislativa pueda estudiar la causa y dar un voto con razones sobre la causa, y no que vuelva a votar por afinidad, o por simpatía, o por cálculo electoral, como sucedió recientemente”, dijo.


Gilberto Campos, líder del PLP, recordó a qué se expone el mandatario por el caso que ahora enfrenta.

“En este caso las posibilidades van desde el levantamiento de la credencial del presidente de la República hasta la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, con el anuncio de Laura Fernández de querer continuarle la inmunidad al Presidente nombrándolo como ministro, pues obviamente si hay una imposibilidad de que lo pueda nombrar el presidente quedaría absolutamente responsable para actuar ante los tribunales de Justicia y el TSE para ejercer su derecho de defensa en los casos judiciales y los casos electorales que se han planteado”.

Fabricio Alvarado, cuya bancada votó en contra del levantamiento en el pasado proceso, aseveró que analizarán el tema, pero adelantó que no votarán por “revanchismo político”.

“Queremos conocer más detalle y esperar el proceso que se tiene que dar para llegar a una decisión final, pero tal como lo hicimos en el caso anterior, lo haremos en este: analizaremos con detalle las circunstancias, las denuncias que hay y tomaremos una decisión basada en un análisis reposado, crítico, exhaustivo y no basado en un revanchismo político como sé que hacen otras fracciones”.

 


En el PUSC, cuya fracción también se partió en la pasada discusión, remarcaron que esta vez, la solicitud no viene del Poder Judicial.

“Ya no es el fiscal, no es la Corte Suprema de Justicia, no es persecución por parte de los tribunales, sino que ahora es el TSE que está solicitando el levantamiento de la inmunidad por causas que están presentadas ante ese tribunal”.



Mucho más incendiaria fue Pilar Cisneros, quien hoy cuestionó la posibilidad de un “golpe de Estado institucional”.

“¡¿Van a seguir?! Esta es una prueba más de cómo funciona la institucionalidad de la casta política que ha dominado a sus anchas a este país en beneficio propio. Ahora sí cabe preguntarse, ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el Tribunal seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente Chaves? ¿Cuándo antes han actuado con esa celeridad pasmosa? ¿Cuál es la verdadera intención del Tribunal? ¿Inhabilitar a Chaves? ¿Sacarlo de Zapote y cortarle su continuidad política?”, cuestionó.

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