¿Qué dice el presidente de la Corte sobre posible levantamiento de inmunidad a Chaves?
“No es normal que se presenten este tipo de procesos, pero los tenemos ahora en este momento", dijo Orlando Aguirre.
En un hecho sin precedentes en la historia del país, la Corte Suprema de Justicia decidió, por mayoría, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para que pueda ser procesado penalmente por una acusación presentada por la Fiscalía General.
El Tribunal de Corte Plena resolvió, el pasado martes 1° de julio, con una votación de 15 magistrados a favor y siete en contra, avalar el expediente 25-000019-0033-PE, en el que se imputa al mandatario el presunto delito de concusión. Este tipo penal implica que un funcionario abuse de su cargo para forzar o inducir a alguien a ofrecer indebidamente un beneficio económico, ya sea para sí mismo o para un tercero.
La acusación fue planteada el 7 de abril por el fiscal general, Carlo Díaz, y desde entonces ha seguido el curso procesal correspondiente. Ahora, será la Asamblea Legislativa la que deberá decidir si retira el fuero constitucional que protege al presidente Chaves de enfrentar un proceso judicial en ejercicio de su cargo.
“Simplemente cumpliendo con nuestras funciones”
Teletica.com conversó sobre el trámite y las implicaciones del caso, con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, quien subrayó la seriedad institucional con la que se ha manejado el proceso y recordó que este tipo de solicitudes se originan a partir del trabajo investigativo de distintos entes públicos y medios de comunicación.
“Esos son procesos que ha presentado la Fiscalía General de la República con base en investigaciones que este mismo órgano ha hecho o con base en investigaciones, en algunos casos, por la prensa, con base en investigaciones del TSE”, explicó Aguirre.
El jerarca judicial enfatizó que, aunque no es deseable que se llegue a este tipo de situaciones en el orden institucional, el Poder Judicial debe actuar conforme a la ley y la Constitución.
“No es normal que se presenten este tipo de procesos, pero los tenemos ahora en este momento, los hemos conocido en la Corte y les hemos dado el trámite que corresponde, simplemente cumpliendo con nuestras funciones.
“En el levantamiento de inmunidad del Presidente, hay una gestión por parte del Ministerio Público presentada ante el Poder Judicial y la Sala III, que está conociendo el caso, hace una solicitud a la Corte para que el expediente sea trasladado a la Asamblea Legislativa para que esta sea la que resuelva según sus competencias constitucionales si procede o no el levantamiento del fuero”, indicó Aguirre.
Además, precisó que Chaves podría renunciar voluntariamente a su inmunidad, pero que dicha acción no se tramitaría ante el Poder Judicial.
“El Presidente puede presentar esa renuncia y eso no es ante el Poder Judicial, sino ante la Asamblea Legislativa, quien tiene que resolver”, agregó Aguirre.
Orlando Aguirre también aprovechó para reafirmar el compromiso del Poder Judicial con la independencia institucional y el respeto a los frenos y contrapesos que rigen el sistema democrático costarricense.
“La Constitución Política y la ley establecen una organización del Estado nuestro, en el cual hay independencia de los poderes, tenemos el sistema de controles de frenos y contrapesos, o sea, tres poderes del Estado, que cada uno ejerce funciones que constitucionalmente están señaladas.
“Lo fundamental es que el Poder Judicial ejerza sus funciones de forma independiente, sin injerencias políticas de ningún tipo, ya sea que provengan de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo”, manifestó Aguirre.
Finalmente, hizo un llamado a la colaboración armónica entre los tres poderes del Estado, particularmente en un momento en que el país enfrenta serios desafíos en materia de seguridad y crimen organizado.
“El camino correcto es que los tres poderes trabajemos conjuntamente en algo muy importante en estos tiempos, como lo es la contención del crimen organizado y narcotráfico”, concluyó Aguirre.
Ahora, el expediente contra el mandatario se encuentra en manos del Congreso, donde los diputados tendrán la responsabilidad de decidir si el presidente Chaves puede o no ser procesado penalmente mientras ejerce su mandato.
Para ello, la Asamblea Legislativa debe aprobar el desafuero del mandatario con una mayoría calificada. Este será un requisito indispensable para que la causa siga su curso.
Declaraciones de Orlando Aguirre:
