Por Paulo Villalobos 24 de junio de 2026, 15:36 PM

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró que no teme por una eventual demanda que exponga al Estado a una condena por el cese de siete directores de la Fuerza Pública que no pasaron una prueba de polígrafo a la que los sometió.

Esto en el tanto que la mandataria sostiene que actuó apegada a lo dispuesto en la Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía y seguridad nacional, así como basada en la potestad de libre remoción que tienen los puestos de confianza.

"Ya empiezan los que andan buscando el micropelo en la sopa, a decir que pobrecitos, que yo los despedí sin el debido proceso, que para acá y para allá, que me van a demandar... ¡Que me demanden! No me importa. Que me demanden. Vénganse con todo porque aquí los espero. Yo no vine aquí a hacer alcahueta de la corrupción. No señores", señaló la gobernante en su conferencia de prensa semanal.

"A los que dicen que me van a demandar y que más adelante me van a demandar, y que más adelante el Estado va a tener que pagar, demándenme. Los estoy esperando, no importa", agregó.

Las palabras de Fernández cobran relevancia en momentos en los que existe poca claridad de cómo se procedió en el caso en cuestión.

El lunes, cuando comunicó su decisión, la presidenta adujo que había separado de sus puestos de dirección a siete funcionarios, de los cuales no se han confirmado nombres. Tal decisión, en principio, implica que los oficiales regresen a las plazas en las que fueron nombrados en propiedad. Abogados consultados por Teletica.com avalaron esa forma de actuar.


Pero en sus manifestaciones de este miércoles, la mandataria mencionó el despido. Tal determinación, según los juristas, debe ir acompañada de un proceso administrativo que debe realizar la institución en la que trabajan, que en este caso es el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La gobernante ha insistido en que su oficina realizará una investigación preliminar, pero no se ha aclarado si esta equivale a un procedimiento disciplinario del que pueda derivar un despido.

"¿Y por qué desde mi despacho? Porque no confío. Si de 33 personas que estábamos en ese grupo, siete no pasaron la prueba, donde las preguntas eran facilísimas, estrictamente ligadas al favorecimiento del crimen organizado, el narcotráfico en Costa Rica. Eran facilísimas", declaró Fernández.

La mandataria enfatizó que no permitirá el "menor tufito de corrupción" y que cesará a todo aquel que falle en una prueba de "detectador de mentiras", aun cuando estas son consideradas controvertidas y poco confiables por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación Estadounidense de Psicología.

Esas evaluaciones han sido establecidas por la gobernante como un requisito para formar parte de su Fuerza Élite, que lunes a lunes se reúne para definir la estrategia de esa semana para hacer frente a la problemática de inseguridad que afecta al país.

"No puedo yo trabajar con gente, discutiendo estrategias de seguridad nacional delicadísimas. A dónde vamos a entrar, qué vamos a priorizar, cómo lo vamos a hacer, y uno durmiendo con el enemigo. No señores", indicó Fernández.

La presidenta insistió en que las pruebas no polígrafo no son algo que ella se haya inventado y rechazó que se trate de un "pretexto" o intento de "distraer la atención", sino que es una posibilidad que existe en la ley.

De igual forma, aseveró que su decisión se hizo a derecho y en cumplimiento del servicio que ella juró al asumir el cargo.

Boletín Teletica