¿Qué medidas pide la Fiscalía contra imputados en caso “Pista Oscura”?
El Ministerio Público realizó su petición ante el Juzgado Penal de Hacienda, la noche del miércoles.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pretende que sean suspendidos de sus cargos el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, así como el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo.
Esto mientras se les investiga en el escándalo de presunta corrupción conocido mediáticamente como “Pista Oscura”.
A través de un comunicado, el Ministerio Público confirmó que busca se separe de sus puestos por el plazo de un año a ambos jerarcas, al igual que el jefe del Departamento de Fiscalización del órgano adscrito a la Presidencia de la República, de apellido Villalobos.
Contra los tres imputados, así como el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, la Fiscalía además pidió se imponga un impedimento de salida del territorio nacional, prohibición de acercarse a las instituciones en las que supuestamente se dieron irregularidades con un contrato por $39,9 millones para la reparación de la zona de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.
De igual manera, se solicitó que los encartados no puedan tener contacto con testigos ni perturbarlos, así como que acudan mensualmente a firmar a una sede judicial.
Ese pedido, al ser diferente a la prisión preventiva, fue el que dio pie a la liberación de los sospechosos al filo de la medianoche de este jueves, tras más de 40 horas de aprehensión en celdas de los Tribunales de Goicoechea.
Sin embargo, los endilgados deberán presentarse a la 1:30 p. m. ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que prosiga la audiencia de medidas cautelares en su contra.
Está previsto que este mismo jueves acabe la vista con la exposición de la barra de la defensa de los imputados.
Bajo el expediente 24-000454-1218-PE, el Ministerio Público persigue los supuestos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, relacionados con la atribución aparentemente falseada de los daños a la pista de la terminal aérea a la tormenta tropical Bonnie.
También se persiguen presuntas presiones ejercidas sobre la Unidad Ejecutora de la obra contratada a la Constructora MECO por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para lograr un cambio de diseño, en medio de supuestos incumplimientos de la empresa.
El Gobierno de la República defendió la existencia de informes técnicos que relacionan el deterioro en el Daniel Oduber con el fenómeno natural, al tiempo que la compañía adjudica sostiene que planteó una ingeniería de valor luego de identificar un aparente “sobredimensionamiento técnico” en el diseño original.
