¿Qué se les achaca a exministro Batalla y director de Aviación en caso “Pista Oscura”?

Una serie de presuntos incumplimientos de la constructora MECO en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, derivaron en una aparente cadena de presiones sobre el personal encargado de supervisarla y en una modificación de la obra, a la cual los técnicos se oponían.

Precisamente, es ahí donde cobran relevancia las figuras del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, así como el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, en el escándalo de supuesta corrupción destapado la mañana de este martes por el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Pero para entender con mayor claridad el entramado, es necesario mencionar que el caso inicialmente se abrió por la inclusión presuntamente irregular de Liberia como cantón afectado por el paso de la tormenta de Bonnie, en julio de 2022, para justificar la contratación de emergencia de un arreglo en la terminal aérea, a pesar de que esta era necesaria desde 2016.

Sobre todo lo relacionado con el decreto 44.072 (de ampliación de los territorios con daños por el fenómeno natural) se abrió una investigación contra el entonces jerarca del ramo, Luis Amador, así como el otrora director general de Aviación Civil, Fernando Naranjo, entre otros.

De hecho, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a ambos el 12 de marzo de 2024, aunque lo hizo al atribuirles supuestas anomalías en licitación, que a su criterio beneficiaron a la constructora MECO con un contrato de $40 millones.

Para ese momento, el propio mandatario, su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y su presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, eran investigados por las presuntas irregularidades en el decreto, que se publicó el 21 de junio de 2023.

De presiones y estorbos

Una vez destituidos sus antecesores, Mauricio Batalla y Marcos Castillo fueron los encargados de ejecutar la obra.

El proyecto arrancó con base en los términos cartelarios y especificaciones que fueron definidos en su momento por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Lo anterior incluía la reparación no solo de la parte superficial de la pista, sino también de las capas subyacentes, con el objetivo de dar más tiempo de vida útil a la zona de aterrizaje.

A pesar de lo anterior, durante el transcurso del proyecto y en medio de posibles incumplimientos contractuales, MECO planteó la necesidad de una ingeniería de valor que pretendía dar a entender que, supuestamente, no era necesario reparar algunas de las capas subyacentes de la pista porque estaban en buenas condiciones. Sin embargo, ello implicaba modificar el objeto contractual inicial de la licitación.

Por esta situación, la Unidad Ejecutora y la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de Aviación Civil se mostraron en desacuerdo con ese cambio planteado por constructora.

"Aquí es donde empieza a generarse una situación en la cual se empiezan a imputar otras personas, entre ellas, el director general de Aviación Civil, por aparentes presiones contra funcionarios de la Unidad Ejecutora y también contra el ministro Batalla, quien estaba fungiendo como parte de su labor como ministro. Como la Unidad Ejecutora se niega a realizar esta conversión del cartel, entonces al final lo que se genera es que se quitan a estos miembros de la Unidad Ejecutora y, posteriormente, el señor Batalla firma y da el aval para que se pueda dar este recarpeteo.

"Con este aval, lo que se le descuenta a la empresa MECO son unos $4 millones de los $40 millones, cuando en realidad lo que se trabajó fue un 33% de la obra", explicó el director general de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, añadió que, tras toda esta situación, Batalla firmó el nuevo diseño.

Luego de que el cambio fuera presentado ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la obra pudo continuar.

Responsabilidades mínimas

Pese al rol descrito por Carlo Díaz y Rándall Zúñiga, el defensor de Mauricio Batalla, Gerardo Chaves bajó el tono a una eventual responsabilidad de su representado, al recordar que este era director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el momento en el que los hechos investigados iniciaron.

De hecho, el ingeniero de profesión asumió como titular del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tras la destitución de Luis Amador, el 12 de marzo de 2024.

"Indudablemente, Mauricio está muy tranquilo porque las decisiones que se toman y que lo están afectando, inicialmente, ocurren cuando él no era ministro. Entonces, esta serie de circunstancias tiene a otra serie de personajes políticos del país que tuvieron mayor injerencia y trascendencia si eventualmente hubo algo irregular, que yo tampoco puedo momentáneamente percibir", explicó el abogado a 'Telenoticias'.

Chaves recalcó, en ese sentido, que la eventual responsabilidad de su cliente es “mínima”, en comparación con otras.

El defensor criticó lo que llamó un “show” que pudo solventarse con una notificación. Asimismo, mencionó que el exministro será trasladado para la respectiva indagatoria y posterior solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea.

Por su parte, la constructora MECO indicó en un comunicado que no se referirá a las diligencias por tratarse de un caso en desarrollo.