Sala III ya concluyó análisis de acusación contra presidente Chaves
Se trata de la investigación penal que se sigue contra el mandatario por presunta concusión en el caso del contrato con el BCIE.
La Sala de Casación Penal (Sala III) ya concluyó el análisis de la acusación penal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y remitió su informe a la Secretaría General para conocimiento de la Corte Plena.
Así lo confirmó la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, este jueves, tras una consulta de Teletica.com.
El informe estuvo a cargo del magistrado suplente, Giovanni Mena Artavia.
Este paso es crucial para que los magistrados analicen si existen elementos suficientes para seguir adelante con el proceso, en cuyo caso remitirá la acusación a la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan si levantan o no la inmunidad al mandatario.
El proceso responde a la acusación que la Fiscalía General presentó en abril pasado contra Chaves por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales para Casa Presidencial por $300 mil, adjudicado a la empresa del productor Christian Bulgarelli y financiado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La acusación señala que el mandatario procuró que parte del contrato ($32 mil), fuera otorgada a su exasesor de imagen y amigo personal, Federico Cruz “Choreco”.
El artículo 355 del Código Penal define la concusión como el momento en el que un funcionario abusa de su calidad para obligar o inducir a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial. Dicho delito se castiga con entre 2 y 8 años de cárcel.
La tesis del Ministerio Público es que Chaves obligó e indujo a Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial a Cruz, que este presuntamente utilizó para la compra de una casa.
La Fiscalía ofreció a Bulgarelli como testigo de la corona, luego de que a este se le aplicara un criterio de oportunidad para que se eliminen los cargos que se le imputan si la información que brinda en el caso es de utilidad para el Ministerio Público.
Si su colaboración no funciona, se mantendrá la persecución penal en su contra.