Por Juan José Herrera 21 de junio de 2026, 8:10 AM

La Corte Plena aprobó esta semana la creación de una Unidad de Poligrafía dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La misma estará enfocada en practicarle estas pruebas a funcionarios que aplican para un ascenso dentro de la Policía Judicial, así como a personas que desean ingresar a laborar en el organismo.

Esa unidad está incluida dentro del reglamento de la Ley 9958, “Ley para regular el uso del polígrafo para determinar rasgos de confiabilidad en los cuerpos de policía y seguridad nacional”, aprobada en 2021.

Su creación, que requerirá de la compra de equipos y la capacitación de funcionarios para su aplicación, llega en momentos en que el Gobierno de Laura Fernández ha instaurado el llamado “detector de mentiras” como un requisito para participar de las reuniones del grupo “Fuerza Élite” que comanda la mandataria.

El propio Michael Soto, director interino del OIJ, debió someterse a una prueba privada para certificar sus respuestas y poder ser parte de esas citas, un requisito que también aplica para el resto de los funcionarios del Poder Judicial.

Sin embargo, el magistrado de la Sala III, Gerardo Rubén Alfaro, aclaró que esta nueva unidad no podrá ser la que certifique a los trabajadores judiciales que, como Soto, participen de esa iniciativa del Ejecutivo.

“El reglamento lo que dice es que es una herramienta que se va a utilizar para todas aquellas personas que quieran ingresar al servicio policial o que quieran ascender o que quieran estar en grupos especiales. O sea, esa posibilidad no está en el reglamento”, precisó Alfaro.

El propio fiscal general, Carlo Díaz, dijo que está dispuesto a someterse a ese examen, pero cuando este forme parte de “un procedimiento institucional debidamente establecido por el Poder Judicial o sea requerida por organismos especializados y técnicamente competentes en el marco de una investigación formal”.

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