TSE pide a Congreso levantar inmunidad a Chaves por presunta beligerancia política
El expediente agrupa 15 de las 24 denuncias en trámite contra el Presidente de la República.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por presunta beligerancia política.
Esa decisión se tomó el pasado 3 de octubre en el órgano encargado de conocer, en primera instancia, los conflictos de carácter contencioso-electoral cuya resolución involucre el ejercicio de la potestad sancionatoria del TSE.
El expediente en trámite incluye 15 de las 24 denuncias presentadas, en distintas fechas, contra el mandatario.
La Inspección Electoral investigó preliminarmente los reclamos de Allen Alexander Solera Cordero, Ricardo Sancho Chavarría (presidente del Partido Liberación Nacional), José Fabián Solano Fernández (presidente del Partido Acción Ciudadana), Gonzalo Gerardo Coto Fernández (secretario del Partido Acción Ciudadana), Antonio José Ortega Gutiérrez, Luis Fernando Mendoza Jiménez y Johana Obando Bonilla (diputados y diputada de la República), así como de Claudio Alberto Alpízar Otoya, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Alexander Delgado Castro. Posteriormente, se emitió el informe que fue analizado por los magistrados suplentes que integran la Sección Especializada.
“Unánimemente, el magistrado Luis Diego Brenes Villalobos, quien preside el órgano, y las magistradas Mary Anne Mannix Arnold y Wendy de los Ángeles González Araya, estimaron que las denuncias superan la valoración de admisibilidad, pero dado el cargo del denunciado, por así disponerlo el artículo 270 del Código Electoral, se debe solicitar previamente el levantamiento de su inmunidad a la Asamblea Legislativa, para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario”, explicó el TSE en un comunicado de prensa.
Este es el segundo proceso de desafuero que deberá enfrentar el presidente Chaves. El primero fue por la acusación que planteó la Fiscalía General, de presunta concusión, derivada del millonario contrato que su administración impulsó con el empresario Christian Bulgarelli y que fue financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin embargo, en una histórica votación, el pasado 22 de setiembre, el Congreso no alcanzó los 38 votos que exige la Constitución para levantar la inmunidad.
