Por Luis Jiménez |26 de agosto de 2025, 16:45 PM

Del 1° de enero al 31 de julio de 2025, la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública (MEP) atendió 17 situaciones relacionadas con armas en centros educativos del país.

Según los datos oficiales, 12 corresponden a amenazas de tiroteo, tres a casos de tenencia de armas y dos a uso o amenaza de uso.

El último caso en el que un centro educativo tuvo que implementar el protocolo de “Tirador activo” ocurrió durante la tarde del pasado jueves 14 de agosto, en la escuela Ciudadelas Unidas, ubicada en Alajuelita, San José, luego de que se registrara una balacera frente al centro educativo.

La balacera dejó como saldo la muerte de un menor de 14 años de edad, quien no era estudiante, el cual recibió múltiples disparos, según confirmó la Cruz Roja Costarricense. 

Enid Castro Monge, jefa de la Contraloría de Derechos Estudiantiles, recordó que desde 2022 el MEP puso a disposición de los centros educativos la guía denominada "Afrontamiento para amenaza y/o tiroteo de centros educativos públicos y privados".

“La guía tiene como finalidad principal salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. La misma es efectiva cuando la persona directora, a través del Comité de Gestión del Riesgo, establece su plan de gestión del riesgo tomando en cuenta los tres momentos que establece la guía”, explicó Castro.

De acuerdo con la funcionaria, el primer momento corresponde a la etapa previa, en la que se realiza el reconocimiento e identificación del centro educativo, su ubicación, planta física, cantidad de estudiantes y personal, así como fortalezas y debilidades del entorno.

Un segundo momento implica la preparación del plan de afrontamiento, según las particularidades del centro educativo, para enfrentar una situación de tiroteo, evento crítico o posibles riesgos en el entorno.

“El tercer momento es el que me permite evaluar o valorar cómo fue mi actuación ante una situación de un evento crítico o una amenaza de tiroteo o un efecto colateral que haya tenido el centro educativo ante una situación de un entorno externo”, detalló Castro.

Asimismo, el MEP reiteró su compromiso de generar lineamientos y documentos que permitan a las direcciones de los centros educativos, junto con los Comités de Gestión del Riesgo, establecer planes de seguridad.

“Se deben llevar a cabo al menos dos simulacros al año, los mismos debidamente coordinados con Fuerza Pública, 9-1-1, con la comunidad educativa e informados e involucrados los padres, madres y encargados legales.

“El encargado de la buena marcha de los centros educativos es la persona directora y la guía es un instrumento que debe ser ajustado a través del Comité de Gestión del Riesgo en su plan de gestión del riesgo”, agregó Castro.

Según el MEP, el protocolo para amenazas y tiroteos fue elaborado en conjunto por psicólogos de la institución, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública. Su objetivo es proteger la vida de estudiantes y docentes, por lo que establece medidas como llamar al 9-1-1, alejarse de ventanas, acostarse en el piso, salir del lugar si es seguro, elegir sitios de resguardo, seguir las instrucciones del personal designado y nunca confrontar al agresor.

En situaciones extremas, el procedimiento recomienda luchar únicamente como último recurso y, si es necesario, camuflarse o simular estar muerto como estrategia de supervivencia.

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